El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este martes con su mayoría las mociones presentadas por el PSdeG y el BNG para aumentar los fondos autonómicos destinados al Bono Alugueiro Mocidade y dar cuenta en la Cámara gallega sobre los términos en los que se está negociando el nuevo contrato de servicios con el hospital Ribera Povisa.

Además, los populares también han rechazado otra iniciativa del BNG a través de la que se exigía la relación de expedientes sancionadores a las empresas concesionarias del servicio de transporte por carretera en los años 2021, 2022 y 2023, así como la documentación relativa a las ofertas ganadoras de los contratos dentro del actual Plan de Transporte Público.

En diputado del PSdeG Carlos López Font ha sido el encargado de defender una moción a través de la que su formación instaba al Gobierno gallego a cofinanciar con fondos propios el Bono Alugueiro Mocidade «como hacen otras comunidades», al menos, con la misma aportación que la realizada por el Estado para aumentar el número de solicitantes que se puedan beneficiar de este programa. Además, reclamaba presentar un informe sobre la ejecución de los fondos del programa de vivienda.

En el debate, López Font ha sostenido que la gestión y las cifras de los programas de vivienda «dejan en muy mal lugar al Gobierno del PP en Galicia» y ha criticado que «la negativa a aportar más fondos autonómicos supusiese que 8.400 solicitudes quedasen sin atender». «Si la Xunta realizase la misma aportación que el Estado se podría llegar a la atención casi plena de los solicitantes, lo que supondría una gran mejora de la situación de miles de jóvenes», ha afirmado.

La iniciativa ha contado con una enmienda del BNG, aceptada por los socialistas, a través de la que la parlamentaria Alexandra Fernández ha pedido que la Xunta se comprometa al cumplimiento escrupuloso de los plazos de dictamen y de resolución del Bono Alugueiro tras la «tramitación nefasta», así como a modificar las bases de la convocatoria para establecer criterios de concurrencia competitiva en los que se tengan en cuenta la situación económica, familiar o de dependencia para «dar prioridad a quién más lo necesita».

Enfrente, la diputada del PPdeG Nicole Grueira ha asegurado que «es cierto que hay un problema con la vivienda» pero lo ha atribuido a los «siete años de gobierno de Sánchez» que, según ha indicado, dejan «un panorama desolador» con «políticas que hicieron que los precios se extendiesen por las nubes».

Además, ha rechazado que el PSdeG acuda a la Cámara a «dar lecciones de vivienda» y ha criticado que al PP gallego no le vale el modelo de Sánchez «invita» y ellos «pagan». «Los gallegos no somos pagafantas de nadie», ha sostenido para asegurar que «quien recortó a la mitad el bono alquiler» fue el presidente del Gobierno.

Dicho esto, ha puesto en valor el trabajo hecho por la Consellería de Vivienda a favor de la ciudadanía gallega con «medidas eficaces e útiles para poder ayudar a la gente joven a acceder a su primera vivienda». «Hay dos modelos, el modelo de vivienda de la Xunta y el modelo sanchista. Mientras la Xunta triplica los presupuestos en vivienda, el gobierno de Sánchez no es ni capaz de aprobar los suyos», ha sostenido.

CONTRATO CON POVISA

En la sesión, tampoco ha salido adelante al ser rechazada por el PPdeG otra moción, en este caso defendida por el BNG, a través de la que la diputada del BNG Montse Prado ha instado al Gobierno gallego a dar cuenta en el Parlamento de los términos en los que está negociando el nuevo contrato de servicios con el hospital Ribera-POVISA.

Además, la iniciativa, en cuya defensa Montse Prado ha acusado al PP de trabajar por privatizar la sanidad, ha reclamado garantizar el aumento anunciado de más del 16% en el contrato de servicios, respecto al concierto anterior, vaya destinado a mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales y salariales del cuadro de personal.

También pedía que los pacientes sean atendidos con ratios de calidad y de profesionales equiparables como mínimo a la media de los hospitales públicos del Sergas y, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de las actuaciones necesarias para que, al término de los dos años previstos de duración del contrato de servicios, toda la población del área sanitaria reciba asistencia en un hospital de la red pública, bien procediendo a la compra de Povisa o la dotación de infraestructura hospitalaria pública que lo permita.

Este punto, entre otras cuestiones, ha motivado que los socialistas presentasen una enmienda, defendida por la diputada Elena Espinosa a través de la que pedían que en el caso de que no se pudiese garantizar este plazo de dos años, se estableciese un calendario concreto que no podría extenderse más allá del 31 de diciembre. Una petición que no fue aceptada por el BNG y ante la que el PSdeG optó por la abstención.

Por su parte, la diputada del PPdeG Encarna Amigo ha trasladado a BNG y PSdeG que «hay que tener mucho rostro» para acusar al PP de privatizar la sanidad al argumentar que fue el bipartito el Gobierno que «más incrementó el gasto en conciertos».

Encarna Amigo ha dicho que el PP seguirá apostando por todos los recursos que garanticen la mejor prestación sanitaria para los gallegos y vigueses y ha defendido que el contrato con Povisa es «un procedimiento plenamente legal».

«En todo momento, durante las negociaciones del nuevo contrato, el objetivo esencial y prioritario por parte de la Consellería fue velar por garantizar la equidad y la calidad asistencial de la población de referencia asignada», ha dicho para señalar que el nuevo contrato «entra en vigor en abril después de un proceso negociado y transparente, que da seguridad a los usuarios y a los trabajadores e introduce mejoras imporantes».