El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el decreto ley aprobado por el Gobierno que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece criterios de reparto de los menores migrantes llegados a Canarias entre las comunidades autónomas era una medida «urgente» y «necesaria».

Grande-Marlaska se ha referido a este asunto, preguntado por los periodistas, en Logroño, donde esta tarde ha recibido uno de los IV premios ‘Alicia Izaguirre’, que entrega el PSOE, siendo también la doctora en Trabajo Social, Toñi Aretio.

«Llevamos hablando mucho tiempo de materializar ese principio de solidaridad dentro de la que es la responsabilidad en asuntos de migración; y lo estamos hablando en Europa, por lo que tendremos que empezar a ser solidarios en nuestro país, en España», ha dicho.

A ello, ha añadido que «un principio del Estado de las Autonomías es la solidaridad interterritorial».

El ministro del Interior ha destacado que ha pasado mucho tiempo discutiendo sobre el reparto de los menores no acompañados llegados a Canarias frente a una oposición del PP: «Nos hemos encontrado a los gobiernos del Partido Popular de brazos caídos, y el propio Partido Popular, a nivel nacional de brazos caídos».

Por ello, «había que tomar una medida ya urgente y necesaria como era modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y no ha habido otra posibilidad que hacerlo mediante un Real Decreto Ley». Ha matizado que «no había ya otra posibilidad, porque el PSOE y Sumar llevamos una Proposición de Ley de modificación del artículo 35 al Congreso el pasado año, y el Partido Popular y Vox denegaron que se tuviera en consideración, es decir, que siguiera adelante esa Proposición de Ley».

Ello, ha añadido el ministro «implicaba necesariamente que no tenían ninguna voluntad de conocer la Proposición de Ley, de formalizar enmiendas, de debatirla y de llegar a una conclusión o a una norma final».

Grande-Marlaska ha apuntado que esta situación «necesariamente ha motivado que se haya hecho todo el esfuerzo por parte del Gobierno de España para llegar a ese acuerdo, siendo imposible» por las razones citadas, y por ello «se ha dictado el necesario Real Decreto Ley para hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial y con los más vulnerables».

En este punto, ha recordado que, el presidente de Ceuta, del Partido Popular, y también el de Canarias, de Coalición Canarias, «siempre se mostraron a favor de esta modificación del artículo 35», ya que «realmente conocen realmente o, por así decirlo, son más conscientes de la necesidad de compartir esa responsabilidad».

Preguntado por los periodistas acerca de si habido un interés político para alcanzar un acuerdo entre Gobierno y Junts para este reparto, Grande-Marlaska ha insistido en que «hubo una Proposición de Ley que se presentó y no la aceptó la derecha y la extrema derecha».

En este punto, ha destacado que «lo que no podía ya aguantar más es la situación de los menores en Canarias, y la necesidad de ese interés superior del menor, que debe dejar de ser una palabra en boca de mucha gente, especialmente del Partido Popular, y evidentemente de Vox, no interesados en satisfacer ese interés general».

«NO HAY CESIÓN DE COMPETENCIAS»

Por otra parte, el ministro del Interior ha sido preguntado por los medios de comunicación por las protestas de Policía Nacional y de Guardia Civil sobre la posible cesión de competencias migratorias a Cataluña. En este caso, Grande-Marlaska ha asegurado que «no hay ninguna cesión de competencias, sino que hay una delegación de competencias en materia migratoria».

Ha recordado que «el ámbito de la migración es muy amplio, ya que no solamente es la migración irregular, sino que también es la migración regular, como son también los permisos de larga estancia o la contratación en origen», por lo que lo que hay «es una delegación de competencias en esa Proposición de Ley que se debatirá en el Parlamento»

«Lo que no hay, y vuelvo a decirlo, es ni cesión, ni delegación de competencias en materia de control de fronteras, ni en materia de control de flujos migratorios irregulares, es decir, aquellos que conllevan la expulsión», ha afirmado.

Ha reseñado que «el control de fronteras y los flujos migratorios irregulares, seguirán la Policía Nacional y la Guardia Civil cumpliendo las funciones que vienen cumpliendo hasta ahora». Para finalizar, ha indicado que «quien te va a seguir poniendo el sello en el pasaporte a los de terceros países va a ser la Policía Nacional; y quien te va a hacer el resguardo fiscal va a ser la Guardia Civil en todas las fronteras de España, incluidas las fronteras en Cataluña, que evidentemente es una comunidad autónoma de España».