El Parlamento de Galicia ha reclamado al Gobierno central que asuma el 50% del coste de las prestaciones de atención a la dependencia y abone 2.500 millones de euros a Galicia en cumplimiento de la Ley estatal de Dependencia.

La iniciativa llevada por el PP a la Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos ha salido adelante, sin votos en contra pero con la abstención del PSdeG, que trató de que fuesen aceptadas enmiendas rechazadas por el grupo mayoritario.

En concreto, el texto, que sí respaldó el BNG, insta a la Xunta a dirigirse al Estado para exigir que asuma la mitad del coste de las prestaciones de atención a la dependencia, en cumplimiento de la Ley de Dependencia.

La encargada de defender la proposición no de ley ha sido la diputada del PP Raquel Arias, que ha puesto el acento en las «deudas» que acumula el Estado en materia de financiación a los servicios de depedencia, que hace que la Xunta «asuma casi el 70% cando la financiación debería ser a partes iguales».

«Esta situación va en detrimento del conjunto de los gallegos, porque ese gasto hay que detraerlo de otras partidas, pero sobre todo va en detrimento de los dependientes, que podrían tener muchas más plazas en residencias, centros de día o servicio de ayuda en el hogar», ha señalado Arias.

Por su parte, la diputada del PSdeG Silvia Longueira defendió que los socialistas apoyarían la iniciativa en caso de que se aceptasen enmiendas encaminadas a elaborar un informe sobre la gestión en materia de dependencia del gobierno en el Estado de Mariano Rajoy entre 2012 y 2018, al tiempo que solicitaban la puesta en marcha del plan estratégico de servicios sociales en Galicia, algo «contemplado» en la ley pero «que nunca se hizo».

Por parte del BNG intervino en el debate el parlamentario Brais Ruanova, que afeó a los populares que pidan en su iniciativa «lo que nunca pidieron» ni en Galicia ni en el Estado «cuando gobernaban» porque «fue el gobierno de Eme Punto Rajoy el que en 2012 firmó el decretazo» que, como ha recordado, «recortaba salvajemente los derechos de las personas dependientes en Galicia y en el Estado».