El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, 18 de marzo, un real decreto para transponer la directiva europea que establece los criterios para calcular los gravámenes y las bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias.

El Ministerio de Transportes recalca en un comunicado que esta transposición no supondrá ni la imposición de peajes en las autovías ni incrementos en los mismos, manteniéndose la política de no renovar los contratos de autopistas existentes y continuando con las bonificaciones en vigor.

«El Gobierno descarta cualquier posibilidad de tomar medidas encaminadas a ampliar o modificar el pago por uso en las autopistas, autovías o carreteras convencionales. La aprobación de este texto no implica la creación de nuevos peajes, la introducción de un sistema de tarificación distinto al vigente actualmente o tarificar algún tipo de vehículo o el uso de nuevas infraestructuras», aclara Transportes.

Desde 2018, 4 de cada 10 kilómetros de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas, habiéndose liberado 1.029 kilómetros de los 2.530 existentes, al mismo tiempo que las bonificaciones han supuesto un ahorro de 1.400 millones de euros para los ciudadanos.

En concreto, el Gobierno está aplicando bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en determinados tramos de autopistas, como en la AP-9, AP-66 y AP-68, para mejorar su funcionalidad y compensar a los usuarios recurrentes, y trabaja también para aplicar bonificaciones en la AP-53. Desde 2018, los usuarios de la AP-9 han ahorrado más de 330 millones de euros; los de la AP-66, 46,8 millones de euros; y los de la AP-68, 92 millones de euros.

CAMBIOS SIN EFECTO EN ESPAÑA

La directiva introduce cambios en el método de cálculo de los peajes, así como la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los externos por emisiones de CO2. Sin embargo, quedan fuera las concesiones de autopistas de peaje ya existentes, ya que para estas no son de aplicación los criterios ambientales.

Las autopistas que gestiona el Estado a través de SEITT sí deben acomodar su situación a esta directiva europea, que establece la obligación de eliminar, de forma paulatina y con excepciones, el sistema de viñeta para los vehículos pesados, teniendo como fecha tope 2030 y sin contemplarse su eliminación para vehículos ligeros.

No obstante, esto tampoco tendrá efecto en España, puesto que no está implementado el sistema de viñetas, y se contemplará un régimen más flexible, como reducciones de peaje para usuarios frecuentes, aunque no para vehículos pesados.