La Comisión Europea ha propuesto este viernes una revisión específica de la directiva de hábitats para adaptar las normas comunitarias a la rebaja del estatus de protección del lobo que la UE logró en diciembre y que ha entrado en vigor este mismo 7 de marzo.

Tras pasar de la categoría de «protección estricta» a la de simple «protección» dentro del Convenio de Berna del Consejo de Europa, establecido en 1979 y que suscriben 50 miembros (incluidos los 27 países de la UE), Bruselas quiere transponer este cambio a las normas comunitarias.

La revisión, que debe ser aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo, dará más margen a los Estados miembro para gestionar sus poblaciones locales de lobos, aunque el lobo seguirá siendo una especie protegida, por lo que las medidas nacionales deberán contribuir a mantener un estado de conservación favorable.

De hecho, la Comisión ha señalado que las inversiones en medidas adecuadas de prevención de daños seguirán siendo «esenciales» para reducir los ataques al ganado y ha garantizado que continuará prestando su ayuda a los Estados miembro en el diseño y la aplicación de dichas medidas mediante financiación y otras formas de apoyo.

«En algunas regiones europeas, las manadas de lobos se han convertido en un verdadero peligro, especialmente para el ganado. Hoy proponemos un cambio en la legislación de la UE que ayudará a las autoridades locales a gestionar activamente las poblaciones de lobos, protegiendo al mismo tiempo la biodiversidad y nuestros medios de vida rurales», ha declarado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La política alemana ya anunció en noviembre de 2022 su intención de encargar a los servicios comunitarios un «análisis en profundidad» sobre el impacto de la recuperación del lobo en los campos de la UE.

La toma de posición de la política alemana se produjo poco después de que, según relató más tarde la prensa de su país, un lobo matara un poni de su propiedad.

INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Por su lado, la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, decidió abrir una investigación sobre la recolección de datos realizada por el Ejecutivo comunitario para pedir esa rebaja del estatus de protección internacional del lobo.

El Ejecutivo comunitario analizó más de 17.000 aportaciones de comunidades locales, científicos y partes interesadas sobre las reglas de protección del lobo en la UE recabadas a través de la encuesta lanzada en septiembre de 2023, unos datos en los que se basó para presentar una propuesta para modificar su estatus de protección.

La investigación se abrió en noviembre de 2024 en base a una queja de la ONG Client Earth, que acusaba «falta de fundamento científico, un proceso de consulta problemático, falta de acceso a los documentos y dudas sobre las motivaciones de la degradación» del estatus de protección de la especie por parte de la Comisión Europea.