La Xunta ha reprochado este miércoles el rechazo expresado por el Gobierno central a la decisión de Galicia de bonificar parte de la subida del canon de Sogama, derivada de los nuevos impuestos estatales, al tiempo que ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha «amenazado» a la comunidad con imponerle multas semestrales por el tratamiento de residuos.

Así lo ha dicho, en una rueda de prensa, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ha visto en estos movimientos «una persecución por parte del Gobierno central a Galicia», y ha rechazado que los datos que aporta el Ejecutivo nacional sean adecuados a la realidad.

Vázquez ha explicado que un total de 280 ayuntamientos –el 95% de los adheridos al modelo Sogama– solicitaron acogerse a la tarifa reducida ofrecida por la Xunta para «aliviar parte del impacto» que supondrá para sus arcas a revisión del canon para este 2025. «Esto demuestra su compromiso con la gestión de los residuos y la eficacia de la medida», ha añadido, dado que tal solicitud implica comprometerse a reducir un 1% la cantidad de residuos que mandan a la planta e incrementar un 3% la separación de envases.

A finales del mes de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico envió a la Consellería de Medio Ambiente un documento denominado ‘Caso de estudio Sogama’ para analizar la aplicación que se está haciendo en Galicia del nuevo impuesto sobre el vertido y la incineración, expresando la oposición del Ejecutivo a la aplicación de descuentos en esta tasa bajo la premisa de «quien contamina, paga».

Tras advertir de que los servicios jurídicos de la consellería «analizarán con detalle el alcance y posibles repercusiones» de este estudio, Ángeles Vázquez ha lamentado que el Estado «ignore las dificultades» que están pasando muchas administraciones locales y defienda cómo única opción que se repercuta sobre ellas el 100% de los nuevos impuestos estatales de residuos con el argumento de que asumirlos en parte por la Xunta «contraviene el efecto» con el que fueron concebidos, punitiva, y de que «no claro está que esta vía sea la más efectiva».

Con el fin de dar voz a los principales afectados, la Xunta decidió informar por carta a los 295 ayuntamientos adheridos a Sogama de la oposición del Gobierno central a las medidas adoptadas por la Xunta con relación al canon de 2025. Ángeles Vázquez ha explicado que en el último mes se recibieron decenas de respuestas por parte de los ayuntamientos en las que mostraban mayoritariamente su apoyo a la medida de la Xunta.

SANCIÓN DE LA CE

A mayores, la responsable autonómica ha denunciado el intento del Gobierno central de repercutir a las comunidades el expediente sancionador abierto por la Comisión Europea contra España por incumplimientos en materia de tratamiento de residuos.

Concretamente, ha rememorado, el 30 de enero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le remitió una carta a la Xunta mostrando su preocupación por los datos gallegos en materia de residuos, a los que responsabiliza de que a nivel nacional «se estén desviando de los objetivos europeos».

En esta misma carta, en la que el Gobierno sitúa a Galicia a la cola de la gestión de residuos, «advierte de que la comunidad tendrá que asumir el 13% de la sanción que imponga Europa» basándose en datos «tergiversados» sobre la gestión de la basura doméstica que se hace en la Comunidad. La sanción supondría 1,5 millones de euros iniciales y multas semestrales.

Ángeles Vázquez ha recordado que «Galicia tiene el 5,6% de la población española y en ningún caso se va a hacer cargo de esa sanción» ya que con los datos en la mano «ocupa la sexta posición» nacional en cuanto a residuos depositados en vertedero y «la novena» en cumplimiento de objetivos de reciclaje. «Lejos de dar soluciones, lamentablemente el Gobierno central sólo piensa en sanciones», ha dicho la conselleira.

En todo caso, Ángeles Vázquez ha reconocido también que «hay margen» para seguir mejorando la posición de Galicia en materia de residuos y avanzar hacia el objetivo comunitario de conseguir una tasa de reciclaje del 50%.

TRES MODELOS DE GESTIÓN

En este sentido, se ha referido a la convivencia en la Comunidad gallega de tres modelos de gestión de residuos con resultados desiguales. A modo de ejemplo, explicó que en el caso de Nostián el porcentaje de residuos que van a vertedero (la opción menos recomendable) es del 50%, en el modelo gestionado por la Mancomunidad Serra del de la Barbanza se eleva al 61% y en el caso de Sogama se reduce hasta el 22%.

Para cumplir con los objetivos que marca la directiva europea en materia de residuos, ha dicho la conselleira, hay que seguir «trabajando y avanzando», lo que pasa necesariamente «por defender los sistemas de gestión que cumplen» y por ayudar la que aquellos que actualmente no cumplen, como es el caso de los modelos húmedo-seco, incorporen la recogida separada de las distintas fracciones.

Por este motivo, la conselleira se dirigió por carta recientemente a los responsables de Nostián y de Barbanza para instarlos a adoptar de inmediato medidas efectivas para revertir sus actuales datos de residuos. Al respeto, lamentó que a día de hoy y a pesar de las numerosas advertencias, A Coruña sea «la única gran ciudad española que no separa aún envases y briks», un deber vigente desde lo 1 de enero de 2024 y que justifica el expediente sancionador abierto por la Xunta la semana pasada contra el ayuntamiento.

«Es imposible que los coruñeses puedan reciclar si no les pones en la calle contedores para depositarlos», ha incidido.

Por último y como medida complementaria para seguir mejorando la ratio de reciclaje de residuos de Galicia, Ángeles Vázquez ha avanzado que su departamento trabaja en una actualización y mejora de la metodología aplicable para calcular las tasas de recuperación de las distintas fracciones de residuos y, particularmente, de los biorresiduos.

Así, ha explicado que en los últimos años la Xunta ha repartido alrededor de 33.500 composteros de residuos orgánicos por toda la Comunidad, pero no se sabe cuanto material se deposita en ellos, por lo que la nueva metodología permitirá cuantificar la materia orgánica recuperada y que se convierte en compost que acaba siendo reutilizado.