El PPdeG se ha quedado solo en la aprobación del dictamen de la futura ley que regulará a la CRTVG, rechazado por BNG y PSdeG. De este modo, el texto se elevará al pleno del Parlamento para su aprobación definitiva en el mes de marzo.

En el debate en comisión parlamentaria de este viernes, los populares han desechado casi la totalidad de las cerca de 70 enmiendas de la oposición. No ha aceptado ninguna de las 29 del BNG y solo ha transaccionado tres de las 39 del PSdeG. En palabras de la diputada socialista Silvia Longueira, solo se aceptan «unas pocas modificaciones insustanciales» –como, por ejemplo, divulgar el archivo de la corporación–.

Mientras, el Comité Intercentros ha convocado este mismo viernes de debate parlamentario una huelga para el día 11 de marzo, día de aprobación definitiva de esta norma en la Cámara gallega, ya que considera que «la ley destruirá los servicios públicos». Además, celebrará un concentración ante el Parlamento ese mismo día bajo el lema ‘Destruídes o que construímos’.

En un comunicado, el Comité Intercentros denuncia que esta ley está hecha para poner la CRTVG «al servicio exclusivo de los intereses» del PP. Entre «otros retrocesos», alerta de que «elimina la prohibición de cesión a terceros de los servicios informativos», «un punto de no retorno».

DEFENSA DEL PPDEG

La diputada popular Carmen Pomar defiende que la denominada ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia es «imprescindible» para adaptarse a la legislación estatal y europea, además de dotar a los medios públicos de un marco normativo para «dar respuesta a los retos de futuro en un mercado tan competitivo como es el audiovisual». Acusa a BNG y PSdeG de emplear esta ley como «arma arrojadiza» para «dañar al PP»

Así, pone en valor el trabajo previo durante un año a la entrada en el Parlamento. Sostiene que su tramitación se ha hecho con «luz y taquígrafos», lo que contrasta con el «decretazo» del Gobierno de Sánchez con RTVE.

Pomar justifica que las enmiendas de la oposición son «confusas y enrevesadas», con la apuesta por «un modelo intervencionista» que identifica con «injerencia y control al más puro estilo soviético».

EL BNG DENUNCIA UN «CONTROL ABSOLUTO»

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha dicho que no le sorprende que el PP no acepte ninguna de sus enmiendas. Recuerda que el Bloque presentó un texto alternativo con el fin de «rescatar» los medios públicos, ya que alerta de que los populares «pretenden hacerse con el control absoluto de la radio y televisión» para que sea su «terminal de propaganda».

Avisa de que el «único objetivo» que persigue esta norma son las «prisas» por «poner a dedo» a un nuevo director xeral de la CRTVG en relevo de la «interinidad vitalidad» de Alfonso Sánchez Izquierdo. Todo ello en un contexto de «manipulación» y «condenas por mentir» para «dañar y perjudicar» al Bloque.

Pone el foco sobre el retroceso que supone la supresión del consejo de informativos y del estatuto profesional tras «incumplir la obligación de creación durante 14 años». «Un control con mano de hierro» de cara a que la CRTVG funcione como «correa de transmisión» para cumplir «órdenes y estrategias partidistas y electoralistas».

Uno de los puntos sobre los que hace hincapié Rodil es que el «PP quiere desgalleguizar la TVG» con el artículo de la ley que abre la puerta a lenguas diferentes al gallego, un «retroceso» en «el peor momento» de la lengua propia de Galicia.

EL PSDEG AVISA DE PROBLEMAS LEGALES

Silvia Longueira (PSdeG) censura una ley que busca el control de información «a medida» del PP en la Xunta. Critica que la norma «se despache en dos reuniones de negociación» y «sin debatir cuestiones de fondo».

Longueira ha avisado de que la propia ley puede tener problemas legales en lo relativo al artículo para la contratación de directivos por «contravenir» el decreto de regulacion laboral de personal de alta dirección. Avierte de que puede «dar un serio problema». Por tal motivo, el PSdeG ha registrado un escrito para que los letrados evalúen si incluso procede suspender la tramitación.

Tras llamar la atención de una alta conflictividad laboral con denuncias de acoso laboral, denuncia que la TVG tuvo el año pasado su «peor resultado de audencia desde su creación», con un 8,6% de cuota de pantalla, lo que supone «un desplome del 22%» frente al 11% que registraba en 2023. Asegura que es la televisión autonómica de Forta con mayor caída.

También se queja de la «falta de calidad democrática» de la nueva ley por la eliminación de órganos de participación de los profesionales, al tiempo que hay una «falta de blindaje» de la lengua gallega. Resume que hay un «retroceso» respecto al texto vigente.

Toda vez que el dictamen se ha aprobado, los grupos disponen de 48 horas para fijar los votos particulares y enmiendas a defender en el pleno del Parlamento en el que se aprobará de forma definitiva la ley.