La Xunta ha replicado al BNG por pedir el archivo del expediente del proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Reis (Lugo) porque el plazo de autorización «está caducado», que «no hay argumentos» ni jurídicos ni administrativos que «sustenten la petición».

Según han trasladado desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el BNG «mezcla intencionadamente o por desconocimiento de la ley» dos procedimientos que «nada tienen que ver».

Por una parte, ha detallado, hace referencia a la solicitud para la concesión de una captación de agua por parte de Altri en 2022 y de «su supuesta caducidad».

«Sin embargo, el BNG debería saber perfectamente que los plazos para resolver un expediente no eximen a la administración de cumplir con su obligación y, por supuesto, no pueden perjudicar al solicitante», han señalado desde la Xunta.

En este sentido, «a pesar de que es cierto que transcurrieron los 18 meses de plazo» que marca la ley, el expediente de concesión «sigue abierto» y ha avanzado que el organismo hidráulico autonómico tiene previsto resolverlo «próximamente».

El BNG ha solicitado la anulación del informe sectorial de Augas de Galicia «en base al expediente de concesión». «Semejante petición no tiene ningún tipo de sentido porque son procedimientos diferentes y con tramitaciones independientes», ha criticado la Xunta.

Por lo tanto, han apuntado desde el Ejecutivo autonómico, «no hay ni argumentos jurídicos ni administrativos que sustenten la petición». «Lo que nos lleva a pensar en que la única motivación de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, es política y partidista», ha afeado en el comunicado.

Para la Xunta, el BNG «se vuelve a equivocar» en su «estrategia» en contra de Altri e «intenta generar confusión» entre la opinión pública.

CIG DENUNCIA «OPACIDAD Y PRESIONES»

También sobre el procedimiento de autorización ambiental de Altri, la CIG ha vuelto a denunciar este sábado «opacidad y presiones» al personal funcionario de la administración autonómica.

En una nota de prensa, ha censurado que la «presión» sobre el personal es «bestial», haciendo referencia a funcionarios que, según señala el sindicato, «se negaron a sacar adelante las autorizaciones por la información parcial y sesgada que da Altri para su proyecto».

«La Xunta tuvo que recurrir a personas que ocupan puestos directivos de libre designación para firmar los informes», ha asegurado la central nacionalista.

Ante esto, la CIG ha expuesto que no permitirá «el acoso y amenazas a personal funcionario», así como que «se secuestren sus funciones cumplidas con neutralidad y objetividad» para otorgarlas, ha añadido, «personas designadas políticamente obviando los criterios técnicos».