El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes que el Gobierno gallego encargue encuestas a empresas privadas sobre la situación del idioma gallego toda vez que «tiene que tener muchas fuentes para poder formar su opinión y su planificación».
Así se ha pronunciado al ser preguntado por la encuesta sobre la ‘Percepción social del gallego’ encargada a la empresa ‘Sondaxe’, que señaló que casi el 54% de las familias gallegas considera no hay ningún idioma discriminado en Galicia. Todo ello después de que los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) trasladasen que el castellano ya es el idioma más hablado en la Comunidad.
Al respecto y preguntado sobre si esta nueva encuesta pone en duda los datos del IGE, Rueda ha sostenido que el IGE es un organismo de la Xunta de Galicia que «constata datos» y que, precisamente, fue la «constatación de esos datos» lo que «movió» al Gobierno gallego a actuar sobre este asunto.
Rueda ha dicho que «saber exactamente, después de estos datos, cuál es la foto, cuál es la situación, cuáles son las actitudes y cómo se puede hacer para mejorar» es «lo que mueve a la Xunta a pedir estas encuestas» y a realizar «otras actividades».
Dicho esto, ha criticado que «determinados estamentos» y «determinados partidos políticos» pongan «en duda» el dato «cuando no les conviene» y cuando sí dicen que «es un dato sagrado». «Cuando creen que no conviene lo que dice ahí, pues entonces no hay que aceptarlo, hay que negarlo y hay que decir que es un encargo interesado», ha afirmado.
En una rueda de prensa en la que ha pedido «un poco de rigor» a estas formaciones, ha sostenido que la Xunta «tiene que tener muchas fuentes para poder formar su opinión y su planificación» y ha asegurado que «si se le da validez a unas, también hay que darle validez a otras».
Preguntado por la reunión que mantendrá el miércoles el comité técnico de la Xunta encargado del pacto sobre el gallego y en cuyo orden del día figura la renovación del Plan xeral de Normalización Lingüística, Rueda ha sostenido que lo que la Xunta pretende es que este documento «conserve su vigencia» y sirva «para lo que tiene que servir», que es para el «bilingüismo cordial» y la «promoción del gallego» que el Gobierno gallego defiende «sin imposiciones».
