El PP ha votado en contra de sendas iniciativas del BNG y PSdeG que pedían una gestión pública y directa del Centro de Atención ás Persoas con Discapacidade (CAPD) de Ourense.

Este debate en el pleno del Parlamento gallego ha estado marcado por el hecho de que la diputada popular Raquel Arias ha empleado su intervención para reprochar que «la actitud del PSOE y el BNG en este tema es indigna e inmoral». Y es que se ha referido a la información publicada recientemente por ‘La Región’ en la que se informa de que el exportavoz de la plataforma ProCAPD Rosendo Fernández fue condenado por abusos sexuales a una niña de 4 años en 1994. «Una persona sin ningún tipo de escrúpulos que no tiene vinculo familiar con la discapacidad, pero que utilizó las inquietudes de las familias», recrimina.

Arias ha dicho que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, «comparte pancartas» y «publicaciones en redes» con Rosendo Fernández, «llamado para llevarlo en sus listas». Y asegura que «también tiene vínculos» con el PSOE. Sostiene que ambos partidos usaron al ahora exportavoz de ProCAPD como «ariete» contra la Xunta.

Por todo ello, exige a los líderes de BNG y PSdeG, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, que «den explicaciones y pidan perdón».

Igualmente, la diputada popular ha defendido que «será una entidad social la que se encargue» del funcionamiento centro que abrirá sus puertas en abril. Arias lamenta que la oposición «ponga dudas sobre la calidad del servicio». También ha arremetido contra el «doble rasero, doble moral» de BNG y PSOE por «externalizar» servicios de dependencia en diputaciones y ayuntamientos.

QUE LA XUNTA DÉ EXPLICACIONES

Estas palabras de la diputada popular han provocado que tanto Noa Presas (BNG) como Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) hayan exigido explicaciones a las Xunta de cómo es posible que haya permitido que este hombre haya podido seguir trabajando con menores a pesar de contar con una pena de prisión por unos hechos de tal gravedad.

Por su parte, Noa Presas (BNG) ha tachado de «absolutamente lamentable» la actitud del PP, que «no tiene escrúpulos» y está «cada vez más degradado moralmente y ultra». Deja claro que el exportavoz de CAPD no tiene ninguna «vinculación orgánica» con el Bloque, pero, de tenerla, el BNG actuaría «con contundencia», lo que contrasta con el PP, un partido que «justifica que un maltratador sea concejal» y que «exoneró y avaló» al «delincuente vial» José Manuel Baltar («al que todos oímos extorsionar a una mujer intercambiando sexo por trabajo», ha dicho).

Por ello, Presas avanza que el BNG exigirá a la Xunta que explique «desde cuándo sabe esto y no actuó». De hecho, asegura que hubo otro expediente en Vigo, pero el Gobierno gallego «miró para otro lado», según dice, «sabiendo que hay antecedentes».

Incide en que el caso se «guardó en un cajón» para filtrar ahora y «hacer daño» a la plataforma. «No tienen escrúpulos», ha espetado a los populares.

«¡Qué cuajo, señora Arias!», ha sentenciado Rodríguez Dacosta, quien ha recordado que este individuo condenado «trabajaba para la Xunta de Galicia como educador», por lo que demanda aclarar al Ejecutivo autonómico «qué está haciendo en esa cuestión».

La diputada socialista ha señalado que «no existen casualidades», pues en un contexto de polémica por la gestión «casualmente sale a la luz el historial de ese ex miembro de la plataforma».

Previamente, Noa Presas (BNG) ha exigido a la Xunta que «rectifique esta privatización» del CAPD, ya que hay una demanda social «muy clara» para que este centro sea de «gestión pública y directa».

Recuerda que en 2016 se firmó un compromiso en el Parlamento en el cual se recogía que el centro «será público y de gestión directa». Por ello, ha cuestionado a los populares si «vale para algo su palabra» o simplemente era una cuestión «electoralista».

Asimismo, Presas ha tachado a la responsable de Política Social, Fabiola García, como la «conselleira de la cobardía», puesto que en seis años «no tuvo la decencia de recibir a los padres y madres de esta plataforma». Ahora, carga contra la «indecencia» de «aprobar la privatización» del centro en el último Consello del año, que ya han sacado a licitación, pero avisa de que «las familias no tragan».

Por su parte, Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) ha reclamado a los diputados del PP que «tengan en cuenta estas reivindicaciones», pues considera que es «la más justa que se ha hecho en Ourense en los últimos años». Subraya que «el miedo que tienen los padres de personas con discapacidad es qué pasará el día que no estén».

Mientras, el diputado de Democracia Ourensana Armando Ojea ha rechazado intervenir en este debate.