El pleno del Parlamento gallego ha vivido este martes un momento de tensión durante el debate de dos mociones sobre residencias de mayores. La diputada del PP Raquel Arias y la viceportavoz del BNG Olalla Rodil se han enzarzado a raíz del caso de un hombre que cumplió condena por abusos sexuales a una menor de cuatro años y que en las pasadas elecciones municipales figuró en la lista de los nacionalistas en Coles (Ourense).

Tras exigir la popular una explicación, Rodil la ha acusado de «miseria moral» y «carroñerismo político», ha alegado que el partido se enteró de esta circunstancia «hace dos días» por la prensa y ha deslizado que la Xunta ya «lo sabía», porque ejerce en la enseñanza pública, y «aun así lo mantuvo dando aulas».

La persona en cuestión era el portavoz de la plataforma ourensana por los derechos de las personas con discapacidad (ProCAPD), quien –según publicó el diario ‘La Región’ el pasado fin de semana– fue condenado por abusos sexuales a una niña de cuatro años cuando trabajaba en un centro preescolar en 1994, tras lo que cumplió la pena entre los años 2000 y 2007.

Arias (PP) ha sido la primera en mencionar el asunto y ha acusado a los nacionalistas de «utilizar» a este hombre para «ir contra la Xunta usando el dolor de las familias» que quieren mejoras en la atención a las personas con discapacidad.

«Eso no es hacer política, eso es inmoral, se mire por donde se mire», ha añadido la diputada popular, quien ha explicado que el hombre figuró como suplente en la lista provisional para las municipales en Coles y que, en la definitiva, ascendió «al puesto número 11, bajando para ello a una mujer». «Ese es el feminismo del BNG», ha remachado Arias.

«FALTA DE ESCRÚPULOS» DEL PP

Posteriormente, la viceportavoz nacionalista ha respondido con dureza al «carroñerismo político», a la «bajeza moral» y a la «falta de escrúpulos» que «pilotan ahora mismo» el PP de Galicia.

En este sentido, en la misma línea de la respuesta que dio el lunes Ana Pontón, Olalla Rodil ha reiterado que el BNG «lo sabe desde hace dos días», cuando salió publicado en medios de comunicación, y ha contraatacado preguntando a los populares «desde cuándo lo sabían».

«Ustedes sabían que esta persona estaba condenada y que ustedes estaban obligados a mantenerlo trabajando cuidando a personas menores de edad y con discapacidad», ha esgrimido Rodil, para exigir igualmente a la Xunta y al PP «que expliquen» si tenían constancia de ello «y aun así lo manutuvieron» en su puesto.

La viceportavoz nacionalista ha pedido «personalmente» a la popular que «no se deje arrastrar por la falta de escrúpulos y la bajeza moral» que, según ha denunciado, practica «el sector más ultra que pilota su partido».

MOCIÓN SOBRE RESIDENCIAS

Todo ello ha ocurrido durante el debate conjunto de dos mociones, del BNG y del PSdeG, sobre el modelo público de residencias que ha contado con el apoyo de Democracia Ourensana. Ambas han sido tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

El texto de los nacionalistas reclamaba, entre otras cosas, ampliar las plazas públicas, que la Xunta se implique en la negociación del nuevo convenio del sector y la gestión directa de centros para los que concluya la concesión. «Lo que hay hoy es un sistema de residencias que hace aguas por todos lados», ha denunciado Rodil.

La moción del PSdeG, por su parte, pedía el diseño del plan estratégico de servicios sociales y que la Xunta diseñase un nuevo modelo de residencias para «los próximos ocho años». La socialista Silvia Longueira ha lamentado que «periodo de sesiones tras periodo de sesiones» la oposición lleve estos asuntos al pleno «y no hay ninguna solución por parte del PP».

La popular Raquel Arias ha defendido la gestión del Gobierno gallego, que permite tener a «77.000 dependientes atendidos» en Galicia, «cinco veces más» que durante el bipartito entre 2005 y 2009. Además, hay ahora «tres veces más» plazas públicas en residencias, hasta 16.000, y se multiplicaron «por seis» las de centros de día.

A esto ha sumado mejoras implantadas en asuntos como las listas de espera de valoración de la dependencia, que es «más grande de lo que quisieran» en la Xunta, pero ha señalado que todos los servicios se podrían mejorar con los 2.500 millones de euros que «debe el Gobierno central» al gallego por la ley de dependencia.

Por otra parte, ha quedado rechazada otra moción del BNG que, antes de que finalice la primera mitad del año, pedía a la Xunta que presentase un plan para fijar población en el rural.