El PPdeG ha registrado un voto particular al dictamen de la comisión de investigación de los contratos de la Administración, elaborado y aprobado en solitario por su propio grupo, para «desmentir las reiteradas referencias» de la oposición a «vetos» de comparecientes y documentación durante el trabajo de este órgano parlamentario.
La comisión concluyó su actividad el pasado viernes, 27 de diciembre, con la aprobación de este dictamen y se abrió un plazo hasta el 31 de diciembre a mediodía para que los grupos presentasen sus respectivos votos particulares. Todo ello será objeto de debate y votación en el pleno del Parlamento.
En este contexto, no solo el BNG y el PSdeG han presentado sus propios votos particulares, sino que también lo ha hecho el PPdeG, tal y como deslizaba este jueves en rueda de prensa el viceportavoz parlamentario del Bloque Luís Bará y confirman fuentes populares a Europa Press.
El documento registrado por el PPdeG alude directamente a las enmiendas defendidas por el PSdeG, que fueron rechazadas el pasado viernes, y no busca desviarse de las «sólidas e irrefutables conclusiones» aprobadas por la comisión, sino «desmentir» acusaciones vertidas por nacionalistas y socialistas.
«ACUERDOS POR MAYORÍA»
Desde el inicio, la oposición –más fuertemente el BNG, que impulsó la creación de este órgano– denunció el control de facto que ejercía el Grupo Popular con su mayoría absoluta al aprobar en solitario las normas de funcionamiento y el plan de trabajo, que incluía el listado de comparecientes y de documentos que se solicitarían. De hecho, esto motivó que el Bloque presentase un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de los derechos de sus diputados.
El voto particular del PPdeG, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye un fragmento del informe en el que los letrados de la Cámara gallega advirtieron al BNG que «el derecho» de sus parlamentarios a crear una comisión de investigación –pueden hacerlo 25 diputados, al amparo del artículo 52 del Reglamento– «se agota» con la propia creación y no les concede «mejor condición», por lo que su funcionamiento y acuerdos «se someten al principio democrático de adopción de acuerdos por mayoría».
Además, el PP sostiene en su voto particular que tanto el Bloque como el Partido Socialista «se negaron a aceptar la propuesta de transacción» que le formuló para poder incluir a más comparecientes en el plan de trabajo.
En conclusión, los populares rechazan «la utilización del término ‘veto’ para referirse al legítimo ejercicio del principio de mayoría que ejerce la adopción de los acuerdos, como elemental principio democrático».
La oposición quería no solo que acudiese Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta durante buena parte del período que era objeto de la investigación, sino también responsables de empresas que contrataron la administración, entre ellas la directora de Eulen para el Noroeste, Micaela Núñez Feijóo, hermana del exmandatario.
DOCUMENTACIÓN «APORTADA EN TIEMPO Y FORMA»
Asimismo, el voto particular del PPdeG niega que se ocultase información y documentación a la comisión sobre los contratos y la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. «La misma fue aportada en tiempo y forma y de modo completo», añade.
Con respecto al hospital vigués, el dictamen aprobado recoge que el bipartito que gobernó la Xunta entre 2005 y 2009, con el socialista Emilio Pérez Touriño como presidente, pretendía emplear la colaboración público-privada para construirlo. Concretamente, a través de una sociedad mixta con un 90 por ciento de capital privado.
El voto particular del PPdeG ahonda en esta tesis en base a seis documentos que se solicitaron al amparo del plan de trabajo y que elaboró la consultora Garrigues Abogados en 2008. Todo ello, junto a la comparecencia del socio de la citada firma, Alfredo Fernández Rancaño, acredita que el bipartito «tenía decidido construir el nuevo hospital de Vigo a través de una empresa mixta», recalca el Grupo Popular.
PSdeG y BNG niegan tal extremo y así lo declaracon en la comisión las exconselleiras de Obras Públicas y de Sanidade de aquella época, María José Carida y María José Rubio, respectivamente. Ambas aseguraron en sus comparecencias que estos informes fueron una mera evaluación de opciones, pero que la Xunta de entonces pretendía levantar la infraestrcuctura a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI).
INFORME DE PWC
Además, el voto particular del PP pretende desmentir las acusaciones de la oposición sobre la no remisión al Parlamento por supuesta confidencialidad de un informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre la viabilidad económico-financiera del Álvaro Cunqueiro elaborado en el año 2010.
El Grupo Popular recuerda que dicho informe sí formó parte de la documentación enviada a la Cámara y que su presunta confidencialidad «nada tiene que ver ni con la Xunta de Galicia ni con el PP», sino que fue algo que alegó la empresa cuando un tercero lo solicitaba a través de los mecanismos de la ley de transparencia.
Así, el PP explica ahora que dicho informe sí se remitió a la comisión parlamentaria porque dicho envío «se rige por el Reglamento de la Cámara» y no por la ley de transparencia.
