El Grupo Socialista ha presentado un texto alternativo al del PP para el dictamen de la comisión de investigación de los contratos de la Xunta que –salvo sorpresa mayúscula– se aprobará este viernes, porque considera que lo que busca es «dar carpetazo a un escándalo de proporciones mayúsculos».

Además, el PSdeG amenaza con que, si no se reabre la investigación a través de la Cámara «sin vetos», no descarta llevar a la justicia tanto los contratos menores y de emergencias durante la pandemia como el modelo empleado para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: «No permitiremos que esta trama de corrupción quede sin respuesta. La ciudadanía gallega merece un gobierno que actúe con transparencia».

Así lo asevera en un comunicado la viceportavoz parlamentaria del PSdeG Elena Espinosa, quien denuncia que los populares buscan «sepultar la verdad y proteger sus intereses» en el marco de la comisión de investigación que, aunque fue creada por el BNG, estuvo controlada de facto por el PP.

En este sentido, Espinosa censura «el comportamiento» del Grupo Popular desde el arranque de los trabajos de este órgano y le acusa de «manipular las normas de funcionamiento, vetar comparecencias clave –entre ellas, la del expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo– y bloquear el acceso a la documentación relevante».

«PATRÓN SISTEMÁTICO DE FAVORITISMO» A EMPRESAS

De cara a la sesión de este viernes, los socialistas han presentado un dictamen alternativo que ahonda en las «irregularidades» y en el «patrón sistemático de favoritismo» en las contrataciones con empresas dirigidas a personas vinculadas a altos cargo del PP y de la Xunta.

Por ejemplo, el PSdeG se fija en las adjudicaciones por 54 millones a Eulen, cuya directora para el Noroeste es Micaela Núñez Feijóo; así como la concesión del apoyo al servicio de rastreo durante la covid a una empresa del Grupo Konecta, donde es directivo el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas.

Asimismo, el Grupo Solcialista pone el foco en los contratos menores adjudicados a Gallaecia Patentes y Marcas, empresa del hermano de la secretaria xeral de Presidencia, Beatriz Cuíña; y las compras a Allwork Vestuario Laboral, donde es socio el marido de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

«Estos casos no son coincidentes, son pruebas de una corrupción sistemática que debe ser investigada con toda rigurosidad», subraya Elena Espinosa.

«EL SOBRECOSTE» POR EL ÁLVARO CUNQUEIRO

En cuanto a la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro, los socialistas insisten en «el sobrecosto de 470 millones de euros» que supuso la licitación por separado de las obras y los servicios a través de un modelo público-privado que fue fruto de «decisiones políticas» de la Xunta de Feijóo.

«No solo hicieron un hospital más caro, también más pequeño y menos dotado. Este escándalo no puede quedar impune porque afecta directamente a los gallegos y gallegas», resume Espinosa.

Más allá del contenido, el PSdeG denuncia que la comisión acabó convertida en un «paripé político» por las «maniobras» del PP: «Estamos ante una burda manipulación de las formas y un intento desesperado de esconder el fondo. La negativa a convocar comparecencias clave y el veto sistemático a la documentación relevante demuestran que no tienen interés en esclarecer la verdad».