El PP impulsa en solitario, sin acuerdo con el PSdeG ni el BNG, un borrador de dictamen sobre la comisión de contratos que concluye que no hubo «ni una sola tacha de legalidad» ni en la contratación menor y de emergencias emprendida por la Xunta en pandemia, ni en el modelo de concesión empleado para el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Popular envió al Registro de la Cámara el lunes por la tarde, cinco días después de la última comparecencia en esta comisión creada a petición del BNG, un escrito conforme al cual la ponencia aprobó el proyecto de dictamen con la única firma del PP.

Este órgano estuvo rodeado de sucesivas polémicas ya desde su inicio. La última fue el pasado viernes por la mañana, cuando el PP propuso una reunión de la ponencia para trabajar en el dictamen pero la oposición no acudió por entender que no se había convocado de forma «oficial» y que no se había respetado la antelación mínima de 24 horas.

El lunes sí se produjeron encuentros de mañana y tarde, según confirman a Europa Press fuentes consultadas, aunque sin acuerdo. Finalmente, a las 19.45 horas del lunes, el Grupo Popular registró un escrito conforme el borrador solo lo firma el diputado Roberto Rodríguez «luego de intentar sin éxito la firma por el resto de los ponentes».

Este escrito, tal y como aclaran fuentes del PP, es para abrir el plazo para que la oposición presente las enmiendas que serán debatidas por la comisión. El dictamen final será elevado al pleno del Parlamento.

«NI UNA SOLA TACHA DE LEGALIDAD»

La propuesta elaborada por los populares recoge entre sus conclusiones que «no hay ni una sola tacha de legalidad» en los asuntos que investigaba este órgano parlamentario, tampoco en los contratos con empresas con directivos del entorno de altos cargos de la Xunta y del PP.

«La contratación de la Xunta de Galicia se realiza cumpliendo todo el procedimiento que está previsto en la normativa y, en particular, sometiendo los expedientes de contratación a todos los controles internos exigidos y exigibles», subraya el documento.

El Grupo Popular lo contrapone –en referencia velada al ‘caso Koldo’– con la contratación del Gobierno central, donde «son la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo los que detectan indicios de blanqueo de capitales, soborno, organización criminal y tráfico de influencias».

Las conclusiones del PP recogen que las adjudicaciones de la Xunta las decide «una mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada», y que «no se puede limitar el legítimo derecho al trabajo» a una persona «por el mero hecho de tener relación de parentesco con un responsable de dicha Administración», toda vez que la ley «ya establece numerosas cautelas y prohibiciones».

En el caso de las adjudicaciones al Grupo Eulen, cuya directora para el Noroeste peninsular es Micaela Núñez –hermana del expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo–, el borrador recoge datos comparativos entre los contratos del bipartito de PSdeG y BNG (2005-2008) y del PP (desde 2009).

Así, concluye que en la etapa de Emilio Pérez Touriño se adjudicaron 4,67 millones anuales a Eulen, mientras que desde la llegada del PP fueron 4,67 millones anuales. «No se concluye que existiera relación causa efecto entre la facturación de la empresa y la identidad de los distintos cargos directivos», añade el texto.

OTRAS ADJUDICACIONES

También estuvieron en el foco de la comisión los contratos en pandemia con Universal Support, perteneciente al Grupo Konecta, donde es directivo el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas. Esta firma de telemarketing reforzó en 2020 el rastreo y las líneas de información de la Consellería de Sanidade.

Como defendieron distintos altos cargos de Sanidade en la comisión, esta fue la «única empresa en todo el territorio nacional que podía poner a disposición en 48 horas 100 teleoperadores».

Durante la pandemia, también se realizaron adjudicaciones emergencia a empresas como Sibucu 360 SL y Mape Asesores. Esta última vendió al Sergas mascarillas que había adquirido tras pagar comisiones a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque no menciona esto último, la propuesta de dictamen del PP subraya que todo el material cumplió «con la normativa y los requisitos de calidad», hasta el punto de que «nunca se tramitó ninguna alerta sanitaria al respecto».

El borrador defiende que la contratación menor es «perfectamente legal y de uso común» por las administraciones, especialmente por parte del Sergas por la «exclusividad» de las patentes de algunos productos y medicamentos.

El PP incluye un párrafo advirtiendo que «no puede cuestionarse» la labor de los empleados públicos de las mesas de contratación como «sí se ha puesto en cuestión por algún grupo de la oposición durante las sesiones de la comisión».

«NO EXISTIÓ SOBRECOSTE» EN EL CUNQUEIRO

En lo que respecta al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, la principal conclusión del Grupo Popular es que su construcción a través de una concesión de obras públicas «no existió sobrecoste» de 470 millones de euros, tal y como sostiene la oposición en base a un informe del Consello de Contas.

«Contas nunca dijo que existiera sobrecoste», subraya el dictamen, que matiza que lo que pone el documento es que hubiese salido «a un menor coste» si se licitase de forma separada la obra de los servicios.

La propuesta de dictamen del PP también recalca que, a raíz de la crisis financiera del año 2008, la construcción totalmente pública del hospital «exigiría la renuncia de la administración a ejecución del gasto corriente o de otras inversiones».

El borrador también recoge que el bipartito encargó dos informes a las consultoras PriceWaterhouseCoopers y Garrigues para construir el nuevo hospital de Vigo. El documento de esta última incluso propuso crear una sociedad mixta con un 90% de capital privado.

En sus respectivas comparecencias, las conselleiras de Obras Públicas y Sanidade del bipartito, María José Caride y María José Rubio, alegaron que estos encargos eran para estudiar opciones, pero que finalmente la Xunta «solo evaluó» hacer el hospital a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI).

La propuesta de dictamen del PP insiste en que, a partir de 2009, cuando llegó Feijóo al Gobierno autonómico, la «única alternativa que era económicamente viable» era la público-privada, que permitió «que Vigo estrenase en menos de cinco años (en 2015) el mejor hospital de España, frente a los 15 que supondría un contrato de obra pública ordinario».

RECOMENDACIONES

En el apartado de recomendaciones, el dictamen sí advierte a la Xunta –en la línea de los reproches que realizó Contas– que «debe evitar» sustituir el estudio de viabilidad completo por el de viabilidad económico-financiera en actuaciones similares a la construcción del hospital vigués.

Asimismo, hace suyas las sugerencias ya realizadas por Contas en el informe de fiscalización de la contratación en pandemia, por lo que reclama diseñar «planes de contingencia» y «un stock estratégico» para evitar carencia de productos sanitarios, así como continuar con las compras centralizadas y la contratación electrónica.

Finalmente, el dictamen recomienda «seguir empleando la contratación menor» porque «no es un procedimiento excepcional sino ordinario», bajo las condiciones establecidas por la ley. En este sentido, el PP sugiere avanzar en «medidas de mejora» de los procesos de contratación menor, en el «programa de impulso democrático» y en la puesta a disposición de la información contractual a través del Portal de Transparencia.