La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha avanzado este martes que la Xunta elaborará, en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), un censo de personas mayores que viven solas y que «no desean» esta situación, para las que también dispondrá de una «estrategia de prevención y atención» en el año 2020.

Así lo ha adelantado la conselleira durante su comparecencia en el Parlamento de Galicia, donde se ha enfrentado a los distintos grupos de la Cámara para responder también sobre la situación laboral del personal de atención. En este sentido, ha reivindicado que su Consellería cuenta ahora «con más de 6.500 profesionales», un 10,3% más que en 2009, según sus cifras, y ha valorado que en los últimos años se registraron «importantes mejoras» de su situación.

Además, García ha subrayado el incremento de las nóminas de los empleados públicos –un 1% en 2017, un 1,75% en 2018, un 2,5% en 2019 y un futuro 2,2% en 2020– y que «en todos» los centros de atención a mayores «se cumple la normativa» y se tiene en cuenta «la rotación» del personal en supuestos de carga de trabajo, sustitución y cobertura de bajas.

En otro orden de cosas, la conselleira ha hecho hincapié en datos como el de las más de 61.000 personas dependientes atendidas, lo que supone cumplir el «objetivo de legislatura» a un año de que esta concluya; las más de 8.000 plazas públicas en residencias, un «42% más» que hace una década; y otras 3.300 en centros de día, «mientras que en el año 2009 no llegaban ni tan siquiera a 1.000».

En cuanto a las nuevas Casas do Maior, pequeños centros de día en poblaciones de 5.000 habitantes, ha adelantado que el próximo año habrá en funcionamiento unas 60 instalaciones.

Asimismo, ha desgranado los presupuestos del 2020 para su Consellería y ha celebrado el aumento del 1,6% de las partidas destinadas al llamado Servizo de Axuda no Fogar (SAF), hasta los 76,3 millones, al tiempo que se prevé que se extienda «hasta los 200 ayuntamientos» el programa ‘Coidados porta a porta’, que este año operó con «2.000 mayores que viven en 20 localidades rurales» a través de prestaciones de optometría, podología, apoyo personal y estimulación de memoria.

«PRECARIZACIÓN» DEL PERSONAL

En cuanto a la situación laboral de los trabajadores de Política Social de la Administración autonómica, toda la oposición ha trasladado al hemiciclo las críticas de los sindicatos y han coincidido en señalar la «precarización» a la que están sometidos.

La diputada del Grupo Mixto Paula Vázquez Verao ha denunciado que la «no sustitución» del personal que se encuentra de baja o en vacaciones es algo «estructural». Así, la parlamentaria del BNG Montse Prado ha preguntado a la conselleira «por qué sigue en suspenso» el artículo 19 del 5º convenio colectivo, una medida llevada a cabo por la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta del 2013 y que «roba» a los empleados «el tiempo trabajado los fines de semana y los festivos», según ha denunciado la nacionalista.

Sobre este punto también ha profundizado Paula Quinteiro (Grupo Común da Esquerda), quien ha tachado de «limosnas» las devoluciones de este tiempo que se están llevando a cabo.

Por su parte, la socialista Noela Blanco ha reclamado a la Xunta «respeto» a las condiciones de trabajo de la plantilla frente a las «numerosas» denuncias por «sobreesfuerzos, estrés y falta de descanso». A ello ha sumado que la Consellería de Política Social es la que registra «el índice más elevado» de accidentalidad laboral.

ACCIDENTALIDAD «UN 20%» MENOR

En su respuesta, Fabiola García ha achacado este dato a que en una consellería «con más de 6.500 trabajadores puede haber más siniestralidad que en otras con menor número de efectivos». En cualquier caso, ha valorado que en el último año la accidentalidad se ha reducido «en un 20%».

Además, la conselleira ha recordado que el convenio colectivo cuyo artículo 19 se encuentra en suspensión «no es único» de su departamento y que durante los meses de verano hubo un total de «219 inspecciones» entre los diferentes servicios sociales de titularidad autonómica.

A la salida del pleno, Uxío Zabala, miembro de la CIG y del comité de empresa de Política Social en la provincia de Pontevedra, ha mostrado su «decepción» con la comparecencia de García, porque «no ha respondido» a la oposición. «El artículo 19 supone trabajar 22 días más al año, y eso supuso para la Xunta librarse de 800 contratos de acumulación de tareas», ha denunciado.

Asimismo, ha incidido en que la media de edad del personal es «muy alta» y que con las reformas realizadas «muchos tienen que trabajar cerca de los 67 años». Zabala también ha criticado que con la conselleira no haya «nada» de diálogo: «¿Qué nos va a decir, si no va a aceptar nada de las propuestas que se le hicieron?».

RESIDENCIAS Y LA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

El debate en el hemiciclo también ha estado protagonizado por las residencias de la tercera edad de las siete ciudades de la Comunidad, que dispondrán de 900 plazas y serán financiadas por 90 millones de la Fundación Amancio Ortega. «Los gallegos no tendrán que desembolsar ni un solo euro», ha celebrado García, quien en su comparecencia también ha garantizado que los centros serán «una referencia en Galicia, en España y en Europa».

Al respecto, Montse Prado (BNG) ha recordado que son unas infraestructuras que el PP «viene prometiendo desde el año 2012» y que ha «reiterado» en numerosas ocasiones. «Y al final estamos acabando 2019 y no hay residencias. Ni un solo ladrillo, ni una sola realidad», ha lamentado. En este mismo sentido, y si bien ha saludado la donación del fundador del Grupo Inditex, la diputada del PSdeG Noela Blanco ha criticado que «no hay ni una sola piedra» de estas residencias.

Por parte de Común da Esquerda, Paula Quinteiro ha insistido en preguntarle a la conselleira cómo va a ser la gestión de esos centros: «Hablar de residencias 100% públicas no es hablar de la titularidad. Es hablar de la titulalidad y de la gestión», porque el PP «permite» que las multinacionales «hagan negocio» con la atención.

Frente a estas críticas, la parlamentaria del PP Raquel Rodríguez Arias ha preguntado a los grupos «por qué no quieren» los fondos de la Fundación Amancio Ortega: «Por un lado piden más residencias y por otro, cuando la Xunta puede ahorrar esos 90 millones, se dedican a criticarlas. Mientras para los gallegos es una buena noticia, para la oposición es una mala noticia».

Por su parte, la conselleira de Política Social les ha cuestionado si «renunciarían» a la oferta de la Fundación Amancio Ortega en caso de que gobernasen. «Sinceramente, creo que ningún gallego se fiaría de esta gestión», ha vaticinado.

En su turno de cierre, Fabiola García se ha mostrado «preocupada» e «indignada» por las intervenciones del resto de grupos y ha reivindicado que una plaza en un centro de personas mayores «sujeta a precios públicos, a listas y a criterios de acceso público es una plaza pública». «Se pongan como se pongan», ha sentenciado, mirando hacia la oposición.