El Gobierno se inclina por dejar caer los descuentos generalizados al transporte público que se vienen aplicando desde la pandemia y que caducan a final de año, aunque baraja mantenerlos para colectivos vulnerables, cumpliendo así lo estipulado en el acuerdo sellado con Sumar para la conformación del Ejecutivo de coalición.

Así lo han señalado fuentes gubernamentales a pocos días de que caduquen los abonos para viajar en trenes de media distancia y Cercanías, así como los descuentos en larga distancia para viajeros frecuentes.

Desde el Ejecutivo recuerdan que uno de los objetivos de esos descuentos era avanzar en la descarbonización y disuadir a los conductores del uso del coche, pero asumen que los descuentos apenas han tenido el impacto deseado en ese sentido.

Ante la pronta caducidad de esa medida el próximo 31 de diciembre, apuntan que hablarán con Sumar y el resto de socios sobre el futuro de la misma, pero ya dejan entrever que no se mantendrá como hasta ahora.

En este contexto, recuerdan que el acuerdo de gobierno alcanzado con Sumar sólo contempla aplicar esas rebajas para determinados colectivos. En concreto, ambos partidos se comprometieron a seguir «apostando por la movilidad sostenible y el transporte público, garantizando que sea asequible para las personas que más lo necesitan».

Aquel pacto, firmado a finales de 2023 contemplaba el mantenimiento de los descuentos para todos los ciudadanos y la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024, y preveía a transformarlos «más adelante» en una «política de transporte permanente para determinados colectivos, con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la administración local».

JÓVENES Y VIAJEROS RECURRENTES

El pasado mes de octubre en el Congreso el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya avanzó que aunque finalmente se optara por eliminar la gratuidad total del transporte no sería óbice para «mantener o implementar otras políticas de ayuda al billete pensadas para los usuarios más necesitados».

«Quiero dejar claro que la gratuidad en ningún caso será sustituida por la nada», apuntó Puente, incidiendo en que su intención era seguir «apostando por la gratuidad o una alta bonificación para colectivos vulnerables» como los jóvenes, así como por el establecimiento de «un sistema de pago proporcionado para los usuarios recurrentes, es decir, para aquellos que tienen que utilizar el transporte público forzosamente para ir a trabajar».

En este contexto, Puente abogó por encontrar una «fórmula compartida» que sirviera para que cada vez más gente utilice el transporte público en detrimento del vehículo privado. «Creo que ese debe ser el motor que nos debe mover a la hora de tomar decisiones», señaló.