Las polémicas y las acusaciones cruzadas de «vetos» que, casi a diario, se producen en la comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta y la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se han trasladado este miércoles al pleno del Parlamento gallego.
Todo ha ocurrido durante el debate de una proposición no de ley (PNL) del BNG –ha sido rechazada con el voto en contra del PP– para ampliar tanto la documentación solicitada como el listado de comparecientes, más allá de lo que se pidió al amparo del plan de trabajo que aprobó el PP en solitario.
El debate ha reabierto las reyertas que habitualmente se producen en el seno de este órgano. El diputado del Bloque Iago Tabarés ha insistido en acusar al PP de «vetar» documentación y la asistencia del expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo para responder sobre contratos a empresas como Eulen, donde es directiva su hermana, Micaela Núñez Feijóo.
«Solo quien no tiene nada que esconder no tiene nada que temer», ha subrayado Tabarés, para criticar que la documentación remitida sobre los contratos está «incompleta» y es, incluso, «inveraz».
El BNG impulsó la creación de esta comisión porque lo permite el Parlamento con 25 diputados –dos tercios de la Cámara, justo los que tienen los nacionalistas–. Tabarés ha empleado este precepto para lamentar que el PP controlase el funcionamiento de este órgano. Según sus argumentos, la posibilidad que abre el Reglamento «no puede reducirse a la mera constitución» de la propia comisión: «Nos llevaría a un absurdo».
En una línea similar, la socialista Patricia Iglesias ha dicho que «es evidentemente el PP no quiere que se investigue nada de nada. De acuerdo con sus palabras, los populares están convirtiendo la comisión en «un auténtico paripé, un esperpento, papel mojado».
«INTERPRETACIÓN TORTICERA»
Enfrente, el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, ha lamentado que el BNG llevase esta iniciativa al pleno como «un intento desesperado de devolver a la vida» la comisión.
Para el popular, la oposición hace una «interpretación torticera» de los informes del Consello de Contas, que señalan que «no existe ninguna ilegalidad», y del resto de documentación remitido al Parlamento. Además, intentan «ocultar la realidad sobre aspectos formales de la comisión».
«Nadie cuestiona la existencia del artículo que les permite impulsar la comisión de investigación, pero ese Reglamento en su conjunto establece el alcance, el contenido y los límites del ejercicio de ese derecho», ha explicado Pazos, para señalar al BNG que no pueden «imponer su voluntad sobre la de los gallegos», que le dieron al PP la mayoría absoluta y, con ella, pudieron sacar adelante el plan de trabajo.
Pazos también ha lamentado que la oposición hable de «presuntas chorizadas» de dirigentes populares mientras que «cuando investigan la corrupción del PSOE, eso es ‘lawfare'».
RIFIRRAFE ENTRE IGLESIAS (PSDEG) Y RODRÍGUEZ (PP)
Pero este debate también ha reavivado rifirrafes que parecían haberse resuelto en el seno de la comisión. Patricia Iglesias (PSdeG) ha denunciado en el pleno que hay «diputados del PP» que «están rebasando muchas líneas rojas que no se deben rebasar» con sus intervenciones.
Al concluir las intervenciones, el diputado Roberto Rodríguez, que habitualmente ejerce como portavoz del PP en la comisión, se ha sentido interpelado y ha pedido la palabra.
Rodríguez ha leído la transcripción de la sesión del 26 de noviembre en la que la socialista aseguró que el contrato de concesión del Álvaro Cunqueiro fue «un traje a medida» para la adjudicataria.
«Esta vergüenza, que es lo más grave que se dijo en esa comisión, no solo está sin retirar por la señora Iglesias, sino que fue reiterado por el señor Besteiro (secretario xeral del PSdeG) en la comisión y aquí hoy», ha denunciado.
Aquel mismo día, Rodríguez acusó a la socialista de imputar «un delito» a empleados públicos. Este miércoles, ha vuelto a ofrecerle que sean ambos los que retiren sus palabras.
En ese momento, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, se ha dirigido a la diputada del PSdeG para pedirle que respondiera a este ofrecimiento del PP, pero «ciñiéndose a eso».
Patricia Iglesias ha aludido al artículo 76.3 del Reglamento, que permite que el presidente dé la palabra cunado una alusión afecte «al decoro o dignidad» de un grupo. Sin embargo, Santalices ha entendido que la diputada no respondía la pregunta, por lo que no la ha dejado continuar.