La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha manifestado este miércoles que «todas las administraciones están obligadas a regular» en materia de vivienda desde sus respectivas competencias, llamando a actuar contra esos «fenómenos que están impidiendo o complicando el acceso a una vivienda digna» y apostando por «priorizar el uso residencial sobre los alojamientos turísticos», planteamientos que ha expuestos de cara a la nueva Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre.

Isabel Rodríguez ha participado este miércoles en el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 92 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler en el barrio sevillano de Valdezorras, donde ha remarcado que la política de vivienda pública es «un objetivo de legislatura» para «garantizar el derecho de acceso a la ciudadanía y consolidar mejores ciudades, mejores pueblos y mejores entornos urbanos»; dando «cumplido compromiso al mandato constitucional» en la materia.

En ese sentido, y en el marco de las recientes manifestaciones celebradas en diferentes puntos de España en demanda de soluciones a las graves dificultades de acceso a la vivienda, la ministra del ramo ha defendido que dar respuesta a tal extremo «es la tarea prioritaria del Gobierno para los próximos años», con el objetivo de «garantizar el derecho» de acceso a la vivienda y que nadie se vea obligado a dedicar más del 30% de sus recursos a gastos de alojamiento, reto que marca según ha dicho la actual ley nacional de vivienda.

«UNA GRAN ALIANZA DE PAÍS»

La ministra ha destacado la necesidad de que medie siempre una «colaboración» entre todas las administraciones para afrontar la problemática de las dificultades de acceso a la vivienda, apostando por reflejar tal colaboración «en una gran alianza de país», lo que le ha llevado a abogar por que el Gobierno y las comunidades autónomas pongan «soluciones conjuntas encima de la mesa» en la Conferencia de Presidentes del próximo 13 de diciembre en Santander.

La ministra ha defendido además que pese una regulación sobre la vivienda y que las administraciones «intervengan» en la misma desde las ordenanzas municipales de los ayuntamientos, las normativas autonómicas de las comunidades y las normas estatales del Gobierno, avisando de que ha quedado «demostrado que la barra libre no sirve y que el mercado solo no garantiza el derecho de las personas» al acceso a la vivienda.

«Todas las administraciones están obligadas a regular», ha aseverado, llamando a actuar contra esos «fenómenos que en estos momentos están impidiendo o complicando el acceso a una vivienda digna». Más al detalle, ha apostado por «priorizar el uso residencial sobre el uso de los alojamientos turísticos» y combatir los «abusos en los contratos (de alquiler) de temporada», entre otras propuestas.