El BNG ha informado de que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno que garantiza su apoyo al proyecto de Ley orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia tras pactar «mejoras» en diferentes áreas como el laboral, «garantizar» el uso de las lenguas cooficiales, y un mayor «protagonismo» de las organizaciones sindicales en la jurisdicción social.
En virtud de este acuerdo, según informa el BNG en un comunicado, el Ministerio se compromete a «agilizar» la creación de juzgados de violencia de género en Santiago, Ourense y Lugo, recogidos en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez firmado en su día con la formación que dirige Ana Pontón.
Además, se modifica el artículo 503 de la ley para que, por causas justificadas, las personas funcionarias tengan derecho a iguales permisos y con la misma extensión que los establecidos en la normativa vigente aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado, con excepción del permiso por asuntos particulares que tendrá una duración de nueve días.
También se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 7, apartado 3 quedando redactado de la siguiente manera: «Los jueces y las juezas protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión».
«Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones, organizaciones sindicales y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción», agrega.
«RESPETO A LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS»
En la misma norma, agrega el Bloque, se consigue introducir que se fija como «objetivo prioritario de la cooperación» establecer los medios materiales que permitan que el conjunto del procedimiento, las comunicaciones y actos de impulso procesal puedan desarrollase íntegramente en todas las lenguas oficiales del Estado «garantizando así el respeto de los derechos lingüísticos de los ciudadanos».
Finalmente, el BNG ha trasladado que se logra que «se garantice la existencia de un sistema público ante la necesidad de acudir a métodos de solución de conflictos como vía previa a la judicial en la jurisdicción civil».
