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Besteiro pide a Xunta medidas rápidas, como un banco público de vivienda en alquiler ante la «emergencia habitacional»

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le ha exigido este miércoles a la Xunta que ponga en marcha «medidas rápidas que permitan aliviar la situación de emergencia habitacional que se vive en muchos lugares de Galicia».

Durante un recorrido por A Coruña en compañía de la alcaldesa, Inés Rey, ha insistido en la necesidad de construir vivienda pública «que se mantenga como pública durante toda su existencia», pero, mientras se materialización proyectos que pueden tardar años, le ha demandado al Gobierno de Rueda agilidad, a través de otras iniciativas, en la respuesta a la «situación crítica» que pasan muchas familias y la gente joven.

Besteiro ha puesto A Coruña como ejemplo de una ciudad que, ante la inacción de la Xunta, está deplegando medidas como la transformación de la Empresa Municipal de Vivienda para gestión del parque municipal de pisos y la construcción de un nuevo bloque en Xuxán, o el desarrollo de polígonos como el de Visma, donde alrededor de un 25% de los casi 4.000 pisos que se van a construir serán de carácter público.

El líder socialista ha sostenido que se llegó a esta situación después de 15 años en los que los gobiernos de Feijóo y Rueda apenas construyeron vivienda pública, al contrario de lo que ocurría durante la etapa de Touriño, al frente de la Administración autonómica.

Así, ha dicho que en los cuatro años de mandato del presidente socialista se construyeron más de 7.000 viviendas públicas, más que con el PP en 15. En este sentido, ha indicado que especialmente significativa es la etapa entre el 2015 y el 2019, cuando solo se levantaron 20.

Pese a que Rueda anunció iniciativas en el sentido de rectificar esas políticas, ha considerado que la construcción de nuevas promociones públicas no da respuesta a la urgencia que tienen miles de gallegas y gallegos, 18.000 de ellos inscritos en el registro de demandates de vivienda pública.

Por este motivo, Besteiro ha demandado celeridad y apoyo a los ayuntamientos que lo necesiten para tramitar las declaraciones de las zonas tensionadas. Así, ha recordado que en otras comunidades se están favoreciendo y consiguiendo efectos como la bajada de los precios del alquiler, en un contexto en el que los propietarios obtienen beneficios en forma de bonificaciones fiscales. Sin embargo, ha censurado que en Galicia la Xunta esté lejos de facilitarles los trámites a los municipios.

«Reivindicamos la figura de un banco público de alquiler de viviendas», ha reiterado el secretario xeral después de avanzar esa propuesta en el último pleno del Parlamento.

Con una inversión que ha cifrado próxima a los 20 millones de euros, ha dicho que sería posible sacar al mercado de alquiler alrededor de 5.000 viviendas en toda Galicia, con la administración «actuando de garantía» tanto de contratos, como de la duración, o abono de las rentas o los propietarios y el establecimiento de precios que eviten la especulación y permitan a las familias afrontar pagos razonables.

Según el INE, en Galicia hace 500.000 viviendas vacías, 20.000 de ellas en la ciudad de A Coruña, «pendientes de ser rehabilitadas o de sacarlas directamente al mercado de alquiler».

«Apostemos por el público y apostemos de una forma decidida», ha exigido José Ramón Gómez Besteiro tras la constatación de que el mercado privado deriva hacia «precios de alquiler altísimos, impagables, especialmente para muchos jóvenes». Basta pensar, ha afirmado, que gran parte de la gente joven percibe sueldos en el entorno de los 1.200 euros, de los que tiene que destinar la mitad a hacer frente al pago de la renta.

«Ante una situación de emergencia hay que actuar y hay que actuar ya: más vivienda pública, pero también actuaciones desde lo público para las viviendas de alquiler», ha demandado.

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña ha coincidido en que el problema de la vivienda proviene de la «inacción de la Administración autonómica, que tiene las competencias en la materia y decidió abdicar de ellas para echarles la responsabilidad encima a los ayuntamientos».

Inés Rey ha destacado que el Plan de Vivenda 2024/2030 de A Coruña pondrá en el mercado 4.000 pisos, de los que un elevado porcentaje van a ser de promoción pública. También, que a través de la Empresa Municipal de vivienda, se van a gestionar 400 propiedades de titularidad municipal para «dar respuesta a los demandates de vivienda», que ha cifrado, solo en la ciudad entre 2.700 y 3.000.

Respecto de las viviendas de uso turístico, ha criticado que la Xunta se desentienda de sus competencias y sigua concediendo licencias, contribuyendo a que suban los precios de los alquileres residenciales.

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