Los partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia han reclamado este martes «transparencia» a la Xunta en los contratos del servicio público de transporte de Galicia, mientras que el PPdeG ha instado al Bloque a «ir a los juzgados» si ven irregularidades en relación con las concesiones.

El parlamentario nacionalista Paulo Ríos ha presentado una moción en la que demandaba que se cumplan los contratos en vigor del servicio público de transporte, que se traslade a los grupos los expediente sancionadores a las empresas concesionarias, así como los datos de kilómetros recorridos en el transporte a demanda por concesión en los años 2021 y 2023, el número de viajeros y de expediciones.

Asimismo, pedía que se trasladase a los grupos la documentación relativa a las ofertas ganadoras de los contratos dentro del actual Plan de Transporte Público, garantizar su acceso «de manera universal» para el alumnado de educación postobligatoria, además de que se trasladasen los datos de la flota de buses titulares y reserva de todas las concesiones, con los datos de calidad medioambiental y antigüedad, y realizar los estudios pertinentes para crear el Consorcio de Transportes de Galicia.

En la defensa de esta moción, que ha sido rechazada con los votos de la bancada popular, Ríos ha asegurado que la Xunta tiene al sector «con respiración asistida» y que «tiende hacia el monopolio de grandes grupos o de un gran grupo de transporte».

Del mismo modo, ha criticado que desde la implantación del Plan de Transporte Público existen «más problemas de falta de plazas, de incumplimientos, retrasos y quejas».

Por otro lado, también ha censurado que la dirección xeral está «raquítica, privatizada y externalizada a una gran consultora» que, en su opinión, «hace el trabajo que debería hacer la administración».

APOYO DE PSDEG Y DO

Tras anunciar su voto a favor, el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea (DO), ha apuntado que tener información sirve para «tomar buenas decisiones». «Sin información solo toman buenas decisiones los adivinos», ha aseverado antes de señalar que «tampoco sucede nada por conocer toda la documentación» relativa a procesos de licitación y adjudicación.

A continuación, el parlamentario socialista Carlos López Font ha criticado que «más que una revolución en el transporte, estamos ante una auténtica involución».

Así, ha denunciado el «incumplimiento de horarios, cambio de frecuencias, autobuses llenos, cambios de itinerario sin advertirlos», así como «otras irregularidades». «Las deficiencias son tan habituales que quien las sufre ya las ve como algo normal e inevitable», ha reprochado.

PPDEG

Por su parte, el diputado del PP Gonzalo Trenor ha lamentado que la oposición «no reconoce nada bueno del Plan» ni de otras medidas como «la gratuidad para los menores de 21 años y mayores de 65».

Sobre la críticas del BNG por «ir hacia un monopolio» o por «ocultar información», Trenor ha instado a los nacionalistas a «ir a los juzgados» si ven algún procedimiento irregular.

Además, ha sostenido que parte de los datos solicitados ya fueron expuestos por la directora xeral o están disponibles en la web de transparencia.

Por último, ha criticado el nuevo mapa de concesión estatal con el que, según ha criticado, el Gobierno va a «eliminar 90 rutas». «Señor Ríos, le hago una propuesta, hagamos un frente, reivindiquemos que el Gobierno central no elimine estos servicios», ha zanjado.

En su último turno de palabra, el diputado del Bloque ha lamentado que el plan de transportes funcione «para lo que fue hecho»: «Para beneficiar a determinadas empresas y cambiar todo para que todo siga igual».

LEY DE MEDIOS PÚBLICOS

En esta misma sesión plenaria también se ha debatido una moción del PSdeG sobre la elaboración de la nueva ley de medios públicos y que también ha sido rechazada con los votos del PP.

En ella, la socialista Carmen R. Dacosta ha manifestado que la propuesta del Ejecutivo gallego «dilapida el derecho a la información independiente, objetiva y plural» y ha augurado que convertirá los medios públicos «en un claro instrumento al servicio del poder».

Así, ha instado a la Xunta a cumplir la ley de medios públicos de Galicia, en concreto, en referencia a los artículos que desarrollan el Estatuto Profesional y el Consello de Informativos, retirar el anteproyecto de ley y negociar con la parte social de la CRTVG para «recuperar la producción interna y buscar soluciones a la huelga indefinida».

Asimismo, la nacionalista Olalla Rodil ha mencionado las críticas del PP a nivel estatal sobre el decreto del Gobierno central en relación con RTVE, defendiendo que el BNG es «la única voz coherente en Madrid y en Galicia».

«Resulta bastante curioso ese ejercicio que hace el PP de que si el Gobierno español rebaja a una mayoría simple lo necesario para nombrar la dirección de TVE es una estrategia del ‘sanchismo’, pero si lo hace el PPdeG, según Calvo, es un proceso transparente, participativo, plural y con vocación de consenso», ha expuesto.

En su opinión, lo único que persigue la Xunta es «hacerse con el control absoluto» de la CRTVG «fulminando cualquier espacio para que los trabajadores puedan desarrollar su trabajo con honestidad e independencia».

Tras estas intervenciones, la representante del PPdeG Carmen Pomar ha pedido diferenciar entre «un decretazo y una ley». «Es una ley, no un reparto de sillones a amigos; no equipare usted», ha criticado.

En este contexto, Pomar ha defendido que la ley en la que trabaja la Xunta es un texto «legal, participativo y plural» que «incrementa la participación social». «Mientras al PSOE se le llena la boca aprueban un real decretazo para servir a los intereses de Pedro Sánchez», ha reiterado.

FINANCIAMIENTO LOCAL

Por la tarde, los grupos han debatido una moción del BNG en la que se instaba a la Xunta a incrementar el fondo base del Fondo de Cooperación Local con cargo al fondo adicional y a las ayudas anuales que la Xunta destina a las entidades locales, a impulsar un nuevo marco legislativo con una nueva ley de la Administración local y a demandar al Gobierno central elaborar una nueva ley de Bases de Régimen Local.

En su defensa, el diputado del Bloque Óscar Insua ha insistido en la necesidad de «que se cambie la ley de bases», así como «delimitar las competencias» y, mientras no haya otro sistema de financiamiento local, «incorporar ese fondo adicional en el fondo base e incorporar más dinero para necesidades estructurales de los ayuntamientos».

Tanto el PSdeG como Democracia Ourensana han avanzado su voto a favor. En el caso de Armando Ojea ha argumentado que «aporta soluciones a este problema».

Por su parte, Lara Méndez ha criticado que el incremento del fondo gallego es «ridículo» y «no cubre las necesidades de los ayuntamientos. Además, ha afirmado que pedirán a la Xunta que haga «un Plan único para todos los ayuntamientos» con repartos «objetivos y criterios definidos».

A estas críticas y demandas ha respondido la portavoz popular, Paula Prado, que ha defendido que la Xunta destinará 641 millones en 2025 a los ayuntamientos. «Es curioso ver que piden más fondos y menos competencias, pero callan cuando el Gobierno de España aprueba leyes que lleva a los ayuntamientos más competencias», ha manifestado.

También ha criticado que el BNG presente esta iniciativa «para pedir más dinero», pero donde ellos gobiernan «son incapaces de llevar a cabo sus presupuestos».

La portavoz popular solicitó votar por separado el punto tres de esta moción, que incluía demandar al Gobierno central la elaboración de una nueva ley de Bases de Régimen Local, pero su petición fue rechazada y los populares votaron en contra de la propuesta.