El PPdeG ha mostrado su compromiso a dar la batalla en Europa en lo que se refiere a la tramitación ambiental de proyectos eólicos en Galicia para «defender el presente y garantizar el futuro de Galicia».

Así lo ha ratificado esta semana la Comisión de Medio Ambiente del partido en una reunión encabezada por la coordinadora de este órgano, Marisol Díaz Mouteira, y en la que también participaron el eurodiputado Adrián Vázquez y la responsable de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez.

En la reunión se abordó la cuestión prejudicial sobre los eólicos presentada por el TSXG el pasado mes de junio ante el Tribunal de Justicia Europeo y en la que, tal y como anunció esta semana la conselleira de Medio Ambiente, el Gobierno gallego se personará con el objetivo de «defender su buen hacer y las plenas garantías con las que contaron las autorizaciones de parques eólicos concedidas en los últimos años».

«Este es un problema para el que urge una solución cuanto antes y ante lo que todos deberíamos ir a una en la defensa de los intereses de Galicia», ha subrayado Adrián Vázquez, que también ha lamentado la postura del BNG que, en su opinión, «parece que quiere que volvamos a vivir en los castros y sin electricidad», y del PSdeG, que «supuestamente reclama energía eólica en Galicia pero en Bruselas solo ponen piedras en el camino».

Asimismo, el eurodiputado también ha insistido en que la resolución de esta cuestión «tendrá afectación en todos los países europeos» y, por este motivo, junto con su compañero Francisco Millán Mon, ha avanzado que ya han contactado con algunos responsables de Medio Ambiente de otros estados miembros para «alertarlos de esta situación tan preocupante».

«INTERPRETACIÓN PROPIA»

Por su parte, Ángeles Vázquez ha recordado que en los 11 años de vigencia de la Ley de evaluación ambiental estatal «ningún tribunal albergó dudas sobre si el procedimiento fijado en esta norma se ajustaba al derecho comunitario».

Por eso, considera que «sorprende» la «interpretación propia» realizada por el TSXG y por el que «de forma errónea» rechaza la forma de actuar del Gobierno gallego «según lo establecido, precisamente, en la normativa estatal».

En esta línea, ha remarcado su convencimiento de que la tramitación hecha en Galicia tuvo como base la aplicación de una ley «acorde con la normativa comunitaria» y, por eso, ha defendido la actuación llevada a cabo en todos los procedimientos sometidos a evaluación ambiental desde 2013.

En concreto, ha denunciado la «parálisis» que asegura sufre el sector eólico en Galicia debido al «goteo constante» de recursos judiciales contra las autorizaciones de nuevos parques que llevaron a que Galicia «pasara de ser líder en España en potencia eólica instalada a caer hasta la cuarta posición».