La primera ronda de reuniones para alcanzar el gran pacto político y social por la lengua, propuesto allá por mayo por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se ha saldado este jueves con un notable acercamiento de posturas de la Xunta con el PSdeG y Democracia Ourensana.

El BNG, representado en estos encuentros al más alto nivel por su líder, Ana Pontón, se ha mostrado más crítico y ha exigido un «giro de 180 grados» en la política que ejerce el Gobierno autonómico con el gallego, lo cual pasa por una derogación o, al menos, reforma del decreto del plurilingüismo aprobado en 2010 que establece qué materias se pueden impartir en castellano, cuáles en gallego y cuáles en inglés.

Esta intensa pero «fructífera» jornada del conselleiro, que ha estado acompañado en todo momento por el secretario xeral da Lingua, Valentín García, ha arrancado de mañana con un encuentro con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, quien se ha confesado «galleguista convencido».

Sin embargo, no ha sido hasta la noche, una vez concluidas las reuniones con los cuatro grupos, cuando José López Campos ha detallado ante los medios las propuestas para alcanzar ese gran pacto que estima alcanzar en un «plazo razonable» de «en torno a 15 meses» que tampoco ha compartido Pontón dada la situación «crítica» del idioma.

El diagnóstico de partida lo ponen tanto el Consejo de Europa como el Instituto Galego de Estatística (IGE), con sendos informes que apuntan a la necesidad de impulsar la lengua propia de Galicia en la enseñanza y a que su uso deje de caer entre los jóvenes.

El conselleiro ha reconocido, como un «axioma» que resume la situación actual del Galicia, que los niños «entran en la escuela» hablando gallego o la aprenden en ese contexto, pero «socializan en castellano». Con todo, ha matizado que «las competencias lingüísticas» de la población están «acreditadas»: el 93% de la población lo entiende, el 96% sabe leer en gallego y el 84% sabe escribir.

DOCUMENTO DE DIEZ PÁGINAS

Con este análisis como telón de fondo, en las diferentes reuniones ha trasladado a los grupos un documento de unas diez páginas con medidas a largo plazo y otras más inmediatas. La propuesta de mayor calado, y que parece ser la que suscita el consenso unánime, es la de renovar el Plan Xeral de Normalización da Lingua adoptado por unanimidad en 2004.

López Campos ha confirmado que se propondrá la «actualización» de este texto que tiene ya 20 años y, para ello, se conformarán al menos siete grupos de trabajo –podrán ampliarse– sobre diferentes ámbitos compuestos por expertos «de prestigio» que consensuarán entre las diferentes fuerzas políticas. La idea es que estén constituidos antes de que finalice el año y que trabajen a lo largo de 2025.

Asimismo, la Xunta está dispuesta a que el marco de la negociación sea la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, adoptada en 1992 por el Consejo de Europa. «Una entidad independiente, con solvencia y credibilidad», según lo ha definido el conselleiro, pese a que su último informe –septiembre de 2024– pidió acabar con los límites del gallego en la educación.

El documento puesto encima de la mesa por el conselleiro también recoge 50 medidas «inmediatas», como impulsar el ‘neofalantismo’, el conocimiento del idioma entre los llegados de fuera de Galicia y las nuevas tecnologías; así como un compromiso de elevar el presupuesto en política lingüística en la actual legislatura.

PONTÓN EXIGE TUMBAR EL «DECRETO DE LA VERGÜENZA»

No ha habido grandes diferencias de criterio entre los grupos parlamentarios al salir de sus respectivas reuniones, a excepción del BNG. PPdeG, PSdeG y Democracia Ourensana han comentado su satisfacción y buena disposición a consensuar un pacto que debe ser «social», más allá de político.

La más crítica ha sido la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, quien ha querido ser ella misma, acompañada de la diputada Mercedes Queixas, la que acudiese al encuentro. Tras más de una hora, ha salido a lamentar que no sea el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el que realice la ronda de reuniones: «Su ausencia delata su falta de compromiso».

Pontón ha insistido en que se tumbe el «decreto de la vergüenza» de 2010, porque mantiene al gallego como una «lengua de segunda» en la enseñanza. Por ello, ha insistido en exigir su derogación pero, teniendo en cuenta que la Xunta lo rechaza de plano y al ser preguntada por los medios sobre si el BNG se abriría a una reforma, la portavoz nacional sí ha retado a que, al menos, se «modifique». «Vamos a ver si hay voluntad», ha sentenciado.

En lo que sí parece coincidir el Bloque es en la renovación del Plan Xeral de Normalización, porque sus objetivos «siguen completamente vigentes» por la «situación crítica» del idioma 20 años después.

EL PSDEG NO PONE «LÍNEAS ROJAS»

Por parte del PSdeG, han comparecido ante los medios las diputadas Silvia Longueira y Lara Méndez. Aunque ante los medios sí han mencionado la idea de someter el decreto de 2010 a modificaciones, lo cierto es que no se puso sobre la mesa en su encuentro porque, en palabras de Longueira, los socialistas «ni ponen líneas rojas ni dejan de ponerlas».

«Lo que queremos es ver el plan de trabajo y cómo ese plan modifica esta situación. Lo que queremos es que esos datos de las encuestas tengan una reversión, tanto con medidas conscientes como con una planificación y una norma a largo plazo. De lo otro, ya hablaremos y ya veremos qué propuestas tiene el partido que está gobernando», ha concluido.

Desde el PP, José Luis Ferro ha matizado que «no sabe lo que se va a poner sobre la mesa» próximamente, pero ha expresado la disposición del grupo a «hablar». «En cuanto se ponga encima de la mesa, creo que está claro que no hay líneas rojas. Habrá que dialogar en consecuencia», ha aseverado.

El diputado de DO, Armando Ojea, se ha expresado en los mismos términos. «No vamos a hacer causa de guerra de eso. Pensamos que la defensa del gallego puede hacerse de muchas maneras y esa puede ser una de ellas, pero también habrá que estudiarla y habrá que valorarla, ha explicado, aunque deslizando también que «habrá que hacerle algo de caso en algunos aspectos al BNG».

«ALGO QUE NOS UNE»

El portavoz del PP en esta ocasión ha incidido en la importancia de que la lengua no sea «un problema», sino un «puente». «Algo que nos une y que no nos separa. No podemos utilizarla como arma arrojadiza desde ningún ámbito.

En esta línea, y dado que la lengua, «como la sociedad, es dinámica», ha animado a adoptar medidas de manera «conjunta, no inconexa, no cada uno por su lado». Más allá de un pacto político, ha esgrimido, debe alcanzarse un pacto «social».

Este mismo concepto ha sido el defendido por Longueira (PSdeG): «Para nosotros es importantísimo que haya un consenso social. Que no se juegue otra vez con la lengua. Que no tengamos que hacer de esto, otra vez, otra cuestión política. Porque, básicamente, la lengua somos nosotros (…). No queremos ser responsables de dejar caer adonde están cayendo los índices del uso social del gallego».

Mientras tanto, Ojea ha introducido la variable de la defensa de la cultura gallega como un «todo» en el que incluir el idioma: «La lengua por sí sola, aislada de su literatura, de su cultura, de su historia, no puede sobrevivir».

Ojea, quien se ha destapado ante la prensa como reintegracionista, incluso ha «retado» al conselleiro a decir ‘colorín, colorado, este cuento se ha acabado’ en gallego, «como se decía en las aldeas y no la traducción literal». Pero también los periodistas se han quedado con la duda.