El Gobierno ha retirado la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria, que iba a votar este jueves en la Cámara Baja, debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante y después de fracasar en su intento de atraer a Junts a un acuerdo para que votara a favor de los objetivos de estabilidad presupuestaria, según ha adelantado ‘El País’ y han confirmado a Europa Press fuentes de Hacienda.

El Ejecutivo ha explicado que quiere retrasar esta votación para agotar todas las posibilidades y alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ganando tiempo para negociar con la formación del ‘expresident’ Carles Puigdemont.

La votación, por tanto, no se producirá este jueves, ante la falta de apoyos parlamentarios y el escenario de una nueva derrota en el Congreso.

A falta de fijar una nueva fecha, será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.

EVITAR QUE LAS CCAA PIERDAN CASI 12.000 MILLONES DE MARGEN FISCAL

El objetivo de retrasar la tramitación es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. Desde Hacienda remarcan que no se resignan a que la «irresponsabilidad del PP» con su rechazo a la senda genere un grave perjuicio para Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones de margen presupuestario si no se aprueban unos nuevos objetivos.

El Ejecutivo recuerda que esta senda fue avalada por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y flexibiliza los objetivos de déficit para las CCAA y los Ayuntamientos en 2025 y 2026.

Ese mayor margen lo asumiría la Administración Central, que sería quien haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit, , dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Por su parte, el objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).

También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.

Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.

TECHO DE GASTO DE CASI 2.000 MILLONES

Por su parte, el límite de gasto financiero o ‘techo de gasto’, que no es sometido a votación, se ha fijado en un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,25 en los tres próximos ejercicios.