El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este lunes su rechazo al «chantaje» que, bajo su punto de vista, intenta realizar el Gobierno que dirige Pedro Sánchez al afirmar que comunidades y ayuntamientos podrían perder 12.000 millones de financiación extra si fracasa la nueva senda fiscal, clave para que el avance de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

Tanto Rueda como el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien le ha acompañado en la comparecencia posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico han incidido en que hay herramientas jurídicas para actualizar las entregas a cuenta a las autonomías. «No hay ningún problema salvo la actualización de las entregas a cuenta, que se podría hacer por real decreto», ha manifestado, tajante, Corgos, ante la pregunta de cuántos recursos perdería Galicia si no sale adelante la senda de déficit.

Además de incidir en que es el Gobierno central quien debe buscar apoyos para sacar adelante los PGE sin poner el foco en las comunidades, ambos dirigentes han coincidido en que a Galicia le urge que todas las comunidades «se sienten» para abordar la reforma de la financiación autonómica, dado que la Comunidad tiene «un déficit inicial de 700 millones» que el sistema le tendría que asignar para sufragar el coste efectivo de la prestación de servicios autonómicos.

«Estas son las necesidades financieras de Galicia y no una quita de la deuda», ha reafirmado Rueda, quien ha advertido que, si se trasponen las condiciones del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC en el caso de Galicia, la comunidad podría ahorrar entre 4 y 20 millones anuales de intereses (según la condonación del 20% se aplicase solo con la deuda que hay con el Estado –FLA y fondo de suficiencia– o si se incluye también la bancaria).

«La deuda no desaparece, sino que se comparte, se mutualiza. Lo único que dejaría de pagar la comunidad son los intereses de una deuda que no desaparece. Y en intereses, si trasponemos el acuerdo, podríamos estar hablando de un máximo de 18 millones de euros al año. Yo no desprecio ningún millón, pero los problemas de financiación de Galicia no se arreglan ni se dan por solucionados con una condonación de la deuda», ha esgrimido Rueda.

Fuentes del Gobierno gallego han trasladado posteriormente que Galicia tiene un déficit de unos 600 millones por los costes del envejecimiento y la dispersión poblacional. La dependencia, por el envejecimiento y los gastos sanitarios y de cuidados que conlleva, y la dispersión, que incluye transporte y dotación de servicios, suponen el mayor peso.

En todo caso, la cifra de 700 millones se alcanza, según la Xunta, al incluir otros gastos de medidas estatales que tienen que ejecutar las comunidades sin que vayan «acompañadas» de dotación presupuestaria. Como ejemplo, la Xunta ha apuntado a la contratación de profesores asociados.

UN REPARTO DE RECURSOS «MÁS EQUITATIVO»

«Lo que queremos es sentarnos primero los presidentes para fijar las bases y después en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por ese orden, y hablar, como mínimo, de los 700 millones de euros que Galicia necesita y que podrían estar encima de la mesa», ha insistido, antes de reiterar que él no aceptará otras vías que ve pensadas para «legitimar» el acuerdo catalán.

En el mismo sentido se ha pronunciado previamente el conselleiro de Facenda, quien ha insistido en que «la brecha» entre los recursos que recibe Galicia y el coste de la prestación de servicios se ha indo incrementando desde la aprobación del actual sistema de financiación, por lo que es preciso renovarlo para habilitar un modelo «suficiente» y «equitativo».

Además, ha argumentado que la inflación ha «empujado hacia arriba» la recaudación de impuestos, pero este hecho no se ha visto traducido en la asignación de fondos a las comunidades.

AUTONOMÍA FISCAL

A preguntas de cómo se puede casar la tesis de que hay un déficit de recursos con la voluntad manifestada por Rueda de profundizar en las rebajas fiscales, Corgos ha defendido que una cuestión es demandar unas reglas de reparto de fondos en el marco de un modelo «equitativo» y otra la autonomía fiscal.

«Una cosa es que, entre todas las comunidades, se realice el reparto en condiciones objetivas en base a lo que se llama recaudación normativa y otra cosa es que, una vez que exista ese reparto equitativo que reclamamos, cada autonomía pueda ejercer su autogobierno y tomar, si se estima conveniente para su economía o sus ciudadanos, medidas o rebajas fiscales», ha argumentado.