El Gobierno gallego replica al estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que señala que Castilla y León, Galicia y Aragón «hicieron caja» con el aumento de presupuesto para dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria. «La Xunta no solo incrementa el presupuesto destinado a dependencia, sino que también aumenta el número de personas con dependencia reconocida que reciben atención», sostiene.
Según trasladan por parte de la Consellería de Política Social a Europa Press, Galicia «destina cada año más fondos para la atención a la dependencia» y en el presente ejercicio de 2024 el presupuesto de la Xunta para este ámbito es de 655 Meuro, un 24,2% más que el año anterior. «De esta cuantía, la mayor parte es asumida por la Administración autonómica debido a que el Gobierno central continúa incumpliendo con la cofinanciación a la que obliga la Ley de Dependencia», afirma.
El informe apunta que el Gobierno de España aumentó entre 2020 y 2023 su aportación para la dependencia en un 138 por ciento frente al 9 por ciento del incremento de las comunidades autónomas. Así, de todas las comunidades autónomas, tres han disminuido durante el citado Plan de Choque el gasto en la atención a personas en situación de dependencia: Castilla y León (-34,7) Galicia (-6,4) Aragón (-3,2). La asociación califica de «especialmente sangrantes los recortes» que se han producido en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media estatal.
El Gobierno gallego advierte de que hay un «déficit en la aportación del Gobierno central» que «conlleva a que la deuda acumulada con Galicia solo en materia de dependencia ascienda a 2.500 millones de euros desde la aprobación de la ley». «Por este motivo, no compartimos el empleo de la expresión hacer caja, puesto que la aportación de fondos autonómicos sigue siendo superior a la que realiza el Gobierno central, que año tras año sigue ampliando la deuda», agrega.
«De hecho, teniendo en cuenta el periodo al que se refiere el informe (2020-2023) el número de personas atendidas subió en más de 11.000, hasta superar a diciembre de 2023 los 73.000 dependientes atendidos. Una cifra que a día de hoy ya alcanza los 75.850, lo que hace que Galicia presente una de las ratios de atención más elevadas de España superando el 98%, según datos del propio Ministerio de Derechos Sociales», expone Política Social.
Por otra parte, apunta que la categorización de «dependiente potencial» en la que se basa la elaboración del informe: «No es certera porque no podemos compartir que todas las personas mayores de 60 o 65 años entren en esta denominación, ya que cada vez hay más gente que sobrepasa este umbral de edad con una mayor autonomía». «Además, al tomar como criterio a los potenciales dependientes se perjudica a las comunidades más envejecidas, como es el caso de Galicia», remarca.
«También es relevante indicar que no hay ningún criterio del Gobierno central que recoja la peculiaridad de potencialmente dependiente a la hora de fijar la financiación. El Gobierno central no aporta financiación por dependientes potenciales, sino que sufraga parte del coste que supone la atención a personas que tienen su dependencia reconocida y que están recibiendo un servicio o prestación pública», justifica la Xunta.
