La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a un «gran pacto» por la vivienda en Galicia ante la situación «límite» que se vive. Esta propuesta pasa por una serie de medidas como que la Xunta priorice la compra de inmuebles vacíos y el régimen de alquiler, así como una calificación permanente para la vivienda protegida que evite su especulación.

En declaraciones a los medios tras un encuentro, celebrado en Santiago, con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Pontón ha requerido «tomar medidas» en materia de vivienda a través de un plan con «presupuestos concretos», «fechas concretas de ejecución» y «objetivos realizables».

En esta línea, subraya que se trata de un problema que «afecta de forma muy directa» a jóvenes y familias con rentas medias y bajas, quienes ven una «misión imposible» poder acceder a una vivienda propia.

Por ello, el Bloque propone una batería de actuaciones que pasan también por ayudas directas para rentas bajas con las que poder acceder a compra de vivienda protegida, así como un plan de vivienda sectorial que se apruebe en un año para toda la planificación.

SIN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA EN ESTA LEGISLATURA

Durante su intervención ante los medios, Pontón ha cargado contra un PP que «durante 15 años dinamitó la política pública de vivienda», un periodo en el que «dejó la construcción de vivienda protegida en mínimos históricos», «al tiempo que deja a la gente abandonada cuando no quiere regular las VUT (viviendas de uso turístico) y cuando no ejerce las competencias que tiene en materia de vivienda».

Opina que la Xunta va «en dirección contrario» con un plan «fantasma» de vivienda protegida que reduce a «propaganda», «un plan sin plan». Y es que recrimina que el Gobierno gallego «no presentó ni un solo documento que concrete sus medidas». Por todo ello alerta de que esta legislatura «no se va a construir vivienda pública» en Galicia y solo se va a poner a disposición el suelo.

«La única medida real es un incremento desorbitado del precio de la vivienda protegida», pues «el año pasado ya se incrementó un 8% el precio de la vivienda pública y en los últimos meses la Xunta decidió incrementarlo un 30% más». Calcula que un piso protegido medio costará 42.000 euros más, lo que se traduce en que alguien que cobra 1.500 euros deberá destinar el 30% de su salario a este fin durante 30 años. A esto se une un aumento del 44% en el precio del alquiler en Galicia.

«COLADERO» DE PISOS TURÍSTICOS

A preguntas de la prensa sobre la situación de pisos turísticos, Pontón recuerda que el Bloque ha defendido en el Parlamento una regulación, pero el Gobierno gallego «está boicoteando las medidas valientes como las que tomó el Ayuntamiento de Santiago de Compostela».

Censura que la Xunta «tiene un registro para viviendas de uso turístico que es un coladero», dado que «está dando carta de legalidad a lo que es una ilegalidad manifiesta».

Ana Pontón apuesta por «regular y limitar el uso de viviendas turística», si bien lamenta falta de iniciativa del Gobierno gallego para realizar actuaciones, tales como declarar zonas tensionadas.