El Parlamento gallego ha recomendado al Consello de Contas realizar una auditoría operativa de los ayuntamientos gallegos que no cumplieron su obligación de rendir sus cuentas, según la ley de Haciendas Locales.

Ha sido en una iniciativa del PP en la Comisión Permanente no Legislativa para las Relaciones con el Consello de Contas, en la que BNG y PSOE han demandado más fiscalización de la actividad de la Xunta, con denuncia, por parte de los nacionalistas, de «cascada de adjudicaciones irregulares» y de falta de «transparencia» por parte de los socialistas.

Todo ello ha sido rechazado por el PP, cuya viceportavoz segunda en el Parlamento gallego, Cristina Sanz, ha argumentado, para hacer caer la práctica totalidad de las propuestas formuladas por ambos grupos para incrementar los asuntos fiscalizados, que muchas responden a cuestiones ya abordadas por el citado organismo.

También calificó de «absurdo» que ambos partidos «pidan que se multiplique por cuatro su trabajo, porque sería imposible de cumplir ni triplicando los medios humanos y materiales de los que dispone el Consello de Contas».

Esto en el debate del primer asunto, las recomendaciones al Plan de Trabajo del Consello de Contas de 2024, al que los socialistas presentaron 60 propuestas para incorporar a la fiscalización, todas sin apoyo del PP, mientras que el BNG hizo lo mismo con 58, de las que solo una tuvo el respaldo de los populares y con enmienda de esta formación.

Como resultado de las votaciones, el Parlamento gallego recomienda al Consello de Contas realizar una auditoría operativa de los ayuntamientos gallegos que no cumplieron su obligación de rendir sus cuentas, iniciativa del PP, y que afecta a los de Verín, A Rúa y Redondela, y propone realizar una fiscalización de la Federación Gallega de Kickboxing.

POSTURA DE LOS GRUPOS

Antes, la parlamentaria del PSOE Elena Espinosa ha reprochado a la Xunta un «desprecio» al trabajo del Consello de Contas. «Más de la mitad eran recurrentes de años anteriores que no se atendieron», ha dicho sobre los asuntos fiscalizados.

«No hay ganas de incrementar el debate sobre estos informes y la transparencia», ha recalcado la diputada para quien falta un «debate en profundidad». Por ello ha pedido una comisión en la que se concrete un plan de trabajo.

Por su parte, desde el BNG, la diputada Noa Presas ha acusado al Ejecutivo gallego de «buscar opacar su mala gestión» y pretender hacer lo mismo con la gestión del Consello de Contas, que todos los grupos han alabado.

Ha sido en una intervención con referencias al «sobrecoste» en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y con la demanda de nuevo del BNG de constituir una comisión de investigación para abordar «qué está pasando con esa cascada de adjudicaciones irregulares que estamos conociendo». Presas ha cuestionado que el PP no acepte «evaluar si las ayudas de la automoción y otros ámbitos son eficientes y acorde a la legalidad o el agujero negro que es Augas de Galicia o Sogama».

La diputada del PP Cristina Sanz ha rechazado que bloqueen «las propuestas de la oposición», pero ha argumentado que no son «realizables», por el volumen de trabajo que absorbe ya el citado organismo o porque ya están incluidas en informes del mismo. Asimismo, ha dicho que ya ha aumentado «un 40% las fiscalizaciones previstas» respecto al año 2023. Por otra parte, en el debate del informe de la memoria de hace dos años, ha insistido en que Galicia «cumple con los objetivos de déficit y de deuda pública».

ACUERDOS

En este punto, finalmente el Parlamento gallego acordó instar a la Xunta a continuar dando cumplimiento efectivo a las recomendaciones realizadas por el Consello de Contas en sus informes de fiscalización, en un propuesta del PP, a la que se sumó otra para avanzar en la rendición telemática.

Otras dos fueron relativas a integrar las fundaciones de investigación con conexiones a los centros sanitarios públicos en el sector público autonómico, sometiendo sus cuentas al Consello de Contas, y otra también del PSOE, transaccionada, que insta a la Xunta a continuar colaborando coa la Federación Galega de Municipios e Provincias en el seno de la comisión técnica de delimitación competencial sobre competencias impropias.