El Grupo Socialista defenderá este martes una moción en el Pleno del Senado por la que reclama la coordinación entre administraciones para un «correcto reparto» del Bono Alquiler Joven y «no repetir los problemas de Madrid y Andalucía».

Así, la moción, que será defendida por el senador por Almería Antonio Martínez, y la senadora por Girona Consol Cantenys, busca seguir impulsando el trabajo conjunto con las diferentes administraciones para el desarrollo de políticas de vivienda que favorezcan el acceso de los jóvenes.

«El compromiso del Gobierno con la juventud ha quedado patente durante el desarrollo legislativo y político de estos años. Con la Ley de Vivienda y Ley de Juventud este compromiso se verá reforzado y potenciado», ha asegurado Martínez.

En concreto, en el texto de la moción se hace hincapié en «la necesidad de desarrollar una correcta coordinación con las comunidades autónomas que permita un reparto adecuado del Bono Alquiler Joven para que no se repitan las situaciones sufridas por los y las jóvenes debido a los problemas acaecidos en la gestión en Andalucía y Madrid».

Según recuerdan los socialistas, tras la puesta en marcha del Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensuales para dos años para los jóvenes en alquiler con dificultades económicas, se ha anunciado una nueva convocatoria de la ayuda del Bono Alquiler Joven para 2024 que se suma a la ya puesta en marcha en 2022.

Sin embargo, advierten de que «miles de jóvenes no han recibido aún la ayuda que se les concedió en 2022 como ha sucedido en comunidades como Madrid o Andalucía». En esta última, según apuntan, «solo se ha abonado el 61% de las ayudas a fecha del 10 de marzo de 2024 en un proceso de solicitud de ayuda que resultó caótico».

En este sentido, el PSOE propone con su moción que se articulen los mecanismos necesarios para incentivar a las comunidades autónomas a cumplir los plazos en las concesiones y acelerar la gestión de las ayudas al Bono Alquiler Joven.

En la redacción de la propuesta, los socialistas señalan que «la emancipación es uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la juventud» en España y subrayan que «el acceso a la vivienda se ha convertido en el quinto pilar del Estado del Bienestar».

Según precisan, «el Gobierno financia tres de cada cuatro euros que las Comunidades Autónomas destinan a vivienda, multiplicando por ocho el presupuesto para vivienda en comparación con 2018, con una inversión actual de más de 3.500 millones de euros».

En cuanto a la nueva Ley de Vivienda, destacan que esta aumentará la oferta a precios asequibles, aligerará la tensión del mercado de alquiler y facilitará la emancipación de los jóvenes.

Además, apuntan que ofrecerá a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.