Los eurodiputados del PPdeG, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, han valorado positivamente que la Comisión Europea no haya apreciado infracción a las directivas de emisiones en el proyecto de Altri, mientras que el PPdeG ha cuestionado la independencia del Consello da Cultura Galega (CCG), que este jueves ha presentado un informe desfavorable sobre la planta de Palas de Rei.

Respecto a la respuesta europea y tal y como apuntan en un comunicado, «Ana Miranda y el BNG solo quieren estar en Europa para hablar mal de Galicia y frenar su desarrollo económico y social. Parece que quieren volver al pleistoceno».

«El BNG, que está muy poco acostumbrado a las cuestiones de gobierno y gestión, pretende que el Parlamento Europeo investigue a Galicia por un proyecto para el que la Xunta todavía sigue realizando los estudios de impacto necesarios para su desarrollo», defienden, acusando además a los nacionalistas de «alarmistas».

«NULA INDEPENDENCIA» DEL CCG

Por otro lado, el PPdeG ha lamentado la «nula independencia» del informe sobre Altri presentado por el CCG y se preguntan, además, «qué hace un órgano especializado en cultura valorando una instalación industrial de tanta complejidad y envergadura».

Consideran que el texto está «inundado de opiniones» de expertos que «se han posicionado claramente en contra del proyecto únicamente por motivaciones políticas».

Acusan a los «supuestos especialistas» que han redactado el informe de movilizarse «siempre en contra de Altri» y «como parte de la órbita del BNG».

Para el Partido Popular gallego, el informe del CCG «contrasta con la independencia de los funcionarios de la Xunta, que analizan la propuesa de forma rigurosa y atendiendo solo a criterios técnicos».

Precisamente, esta mañana la propia presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, justificaba la pertinencia del informe al ser el Consello un «órgano asesor consultivo», así estipulado desde el Estatuto de Autonomía, ha recordado.

También visto que el proceso lleva «mucho tiempo entre la opinión pública, a veces con opiniones muy encontradas» y que se trata de una instalación que podría tener afectaciones, no solo medioambientales, sino también patrimoniales.

Asimismo, ha explicado que para la elaboración del informe se creó expresamente una comisión multidisciplinar con una decena de expertos.