El PP gallego llevará al Parlamento autonómico una iniciativa para demandar al Gobierno central que reconozca a Edmundo González como el «presidente legítimo» de Venezuela y defienda ante la Unión Europea «el mantenimiento de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro».
Lo ha avanzado la viceportavoz parlamentaria y secretaria xeral del PP de Galicia, Paula Prado, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la Cámara gallega, donde ha expresado que espera que los grupos apoyen la iniciativa que los populares quieren llevar al primer pleno del curso político.
Con todo, Prado ha cargado contra el Bloque por su «plena confianza» en el sistema electoral venezolano y haber «felicitado al dictador», como se ha referido a Nicolás Maduro. «En su estilo de blanquer el comunismo y el terrorismo, ahora se le une la defensa del autoritarismo y la dictadura», ha espetado Prado en alusión al BNG.
En este sentido, ha defendido que el PP «tomó la iniciativa política desde el minuto uno» para «defender la libertad y la democracia» en el país latino; y que en esa línea va la proposición no de ley que sacarán adelante gracias a su mayoría absoluta, con la que pretenden reclamar al Gobierno central que se posicione a favor de los opositores venezolanos.
En concreto, el texto que los populares llevarán a debate en la Cámara gallega propone que España «lidere» el reconocimiento de Edmundo González como «presidente electo legítimo» de Venezuela y que se lleve a cabo «una transición pacífica del país hacia una democracia plena».
Además, también reclama la condena de la «política de criminalización» del «régimen» de Maduro hacia los opositores, que las administraciones públicas faciliten la tramitación de solicitudes de protección internacional presentadas por ciudadanos venezolanos «que huyen de la opresión política y de la exclusión económica y social», así como que se mantengan las «sanciones» desde la UE a Venezuela.
Por último, plantea que España reconozca la situación de «emergencia humanitaria» en el país latinoamericano y la condición de «víctimas de persecución política de los exiliados venezolanos» que se encuentran actualmente en el país.
