El diputado de Promoción Económica e Social de la Diputación de Lugo, Pablo Rivera, ha asegurado este viernes que la construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) proyectado en Castro de Rei (Lugo) no se llevará a cabo por el momento por la «falta de voluntad política» del alcalde del citado municipio, el popular Francisco Balado, a quien ha señalado como «el responsable último» de la paralización del proyecto.
La reacción del Gobierno Provincial lucense ha tenido lugar tan solo un día después de que este jueves el portavoz popular en la Diputación, Antonio Ameijide, acusase a la institución provincial de «no presentar el proyecto de segregación» necesario para dividir la parcela del antiguo hospital psiquiátrico de San Rafael –en la localidad de Castro Riberas de Lea— destinada a albergar dicho centro, ni de tramitar un plan especial de dotaciones para tal efecto.
Unas acusaciones de las que Rivera se ha defendido asegurando que la Diputación llevó a cabo «todos los trámites que solicitó el Ministerio», es decir, «un memorándum, la valoración del inmueble, el cambio de titularidad del bien, el proyecto de segregación y la aprobación del convenio», y que fue la «falta de voluntad política del Ayuntamiento de Castro de Rei», traducida en una «utilización torticera de los servicios jurídicos y técnicos», la que ha dado al traste con el proyecto.
Según el diputado provincial, la institución remitió un proyecto de segregación de la parcela al Ayuntamiento de Castro de Rei el 14 de abril de 2023 «con el objeto de declarar la innecesariedad de la licencia municipal». La respuesta por parte del citado Ayuntamiento, ha denunciado Rivera, no se produjo hasta «seis meses después», cuando la declaración fue desautorizada.
«No era necesario elaborar un plan especial de dotaciones y usos cuando el uso de esas parcelas estaba claramente dentro del ámbito sociosanitario», ha incidido el diputado provincial, que ha revelado que la Diputación llegó a plantearse, conjuntamente con el Ministerio, la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa «para discutir la concesión de esa licencia».
A falta del pronunciamiento oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es quien promueve la construcción del centro de acogida de refugiados con la movilización de fondos europeos Next Generation, todo hace indicar que el proyecto, que contaba con una inversión presupuestada de 17 millones de euros y que «generaría puestos de trabajo y ayudaría a fijar población» –ha subrayado Rivera– no podrá finalmente ser acometido.
CUESTIONES «PARTIDISTAS E IDEOLÓGICAS»
Tras explicar, consultado por Europa Press, los pormenores del proceso de tramitación de las licencias llevado a cabo por la institución provincial para la construcción del CAPI en el municipio de Castro de Rei, Pablo Rivera se ha referido, más específicamente, a las «trabas» presentadas por el PP para «paralizar el proyecto».
«Cada vez que la provincia tiene una oportunidad histórica de ser un referente en algo, aparece el Partido Popular. Cada vez que un Gobierno progresista trata de hacer algo en esta provincia, el PP, por cuestiones partidistas e ideológicas, profundamente ideológicas, aparece para paralizarlo», ha asegurado, para acto seguido acusar de «cenizos» y «mentirosos» al alcalde de Castro de Rei y al portavoz provincial de los populares, Antonio Ameijide, a quien ha dado en calificar como «un agitador en horas bajas».
También ha señalado el diputado de Promoción Económica e Social durante su intervención que el regidor de Castro «nunca estuvo de acuerdo con la construcción del centro» y que por ello actuó como «cómplice» de las «dilaciones innecesarias en la tramitación» que, a su juicio, terminaron por dinamitar el proyecto.
«Balado y Ameijide son seguramente las dos personas más próximas a Vox del PP en esta provincia y todos sabemos quién es Vox y que su postura sobre la inmigración es, cuando menos, muy cuestionable», ha finalizado Pablo Rivera.
