El Gobierno ha procedido, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a la declaración de reconocimiento y reparación personal para el médico de Lugo Rafael de Vega Barrera tras la solicitud presentada y al quedar acreditado que sufrió «persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra Civil».

Lo hace en base a lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática y al declarar «ilegal e ilegítimo» el tribunal que juzgó a Rafael de Vega Barrera y cualquier otros órganos que, a partir del golpe de Estado, se hubieran constituido «para imponerle por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa condenas o sanciones», fueran penales o administrativas.

Natural de Zazuar (Burgos), de profesión médico, era también miembro de la masonería. Trabajó como cirujano en Lugo y después fue director del Hospital Municipal de Lugo, ciudad en la que proclamó la Segunda República Española desde el balcón del Ayuntamiento.

En las elecciones generales de 1931, fue elegido diputado por la provincia de Lugo por el Partido Republicano Radical. Fue detenido el 24 de julio de 1936 por los militares sublevados, siendo recluido en la prisión provincial.

Posteriormente, se le procesó mediante procedimiento sumarísimo urgente y, por sentencia de octubre de 1936 por el Consejo de Guerra instruido en la plaza militar, condenado a la pena de muerte por el supuesto delito de traición.

Su ejecución se produjo el 21 de octubre de 1936. Posteriormente, sus bienes fueron incautados y se impusó una multa solidaria de 1,5 millones de pesetas en concepto de responsabilidad patrimonial.