La Diputación de Pontevedra y la Consellería de Infraestruturas e Mobilidad han protagonizado este puente un enfrentamiento dialéctico y reproches mutuos respecto al anteproyecto de la Ley de Creación da Sociedade para a xestión do ciclo integral da auga S.A., la llamada ‘Sogama del agua’.

Este viernes, el organismo presidido por Carmela Silva daba a conocer la presentación de alegaciones al texto de la Xunta, en el que se la institución provincial se mostró muy crítica con el contenido y la intencionalidad del Gobierno gallego en esta materia.

El diputado Carlos Font acusó a la Xunta de atribuir a las diputaciones «una nueva competencia impropia» y que estas instituciones, y los ayuntamientos, serían socios «minoritarios» y «sin poder ninguno».

«La Xunta pretende montar una empresa de gestión hidráulica reservándose toda la capacidad de decisión, mientras obliga a municipios y diputaciones a financiar las inversiones, a razón de un tercio por cada parte. Es decir: la Xunta decide y los ayuntamientos pagan».

Además, ha criticado criticar que un tercio de estas inversiones, el que le correspondería abonar al Gobierno gallego, se abonaría «con cargo a un canon de saneamiento», obligando así a los municipios a pagar «por partida doble» (a través de este canon y por las obras financiadas con recursos propios).

El Gobierno gallego, por su parte, ha emitido un comunicado este sábado ante las manifestaciones trasladadas por Font, en el que niega que el texto incluya «una nueva tasa, impuesto o canon» y en el que matiza que el Gobierno gallego «aportará la mayoría de la financiación, teniendo siempre el 51 por ciento de la participación en la sociedad».

Tampoco supondrá un cambio de competencias, ha replicado, sino una fórmula «para apoyar a los ayuntamientos en su responsabilidad de gestión del ciclo urbano del agua», del mismo modo que las diputaciones «tienen el deber legal de apoyar» a los municipios.

«La Diputación de Pontevedra ha rechazado la oportunidad que se le brindó de dialogar con la Xunta sobre este proyecto de ley antes de que se iniciase su tramitación», ha recordado el departamento autonómico, para advertir con que si se oponen a la ‘Sogama del agua’ estarían» perjudicando a todos los ayuntamientos de la provincia».