La Xunta de Galicia ha reclamado una «mayor claridad y transparencia» en relación con las fórmulas de distribución de los fondos de formación para las políticas activas de empleo de cara a 2025, financiadas con recursos del Estado, así como una «menor injerencia» del Gobierno en la aplicación de los citados fondos.

Así lo ha transmitido este jueves el conselleiro del Emprego, Comercio e Emigración, José González, en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en lo que ha participado por videoconferencia.

En este encuentro, se abordaron los criterios de distribución de fondos para políticas activas de empleo, cuestión sobre la que Galicia también ha demandado que los del próximo año sean debatidos en una próxima conferencia sectorial, puesto que es un asunto «que requiere ser analizado con antelación y atendiendo a las autonomías».

En esta línea, el titular de Emprego ha insistido en la necesidad de establecer «pautas consensuadas» con las comunidades, denunciando además una «excesiva intervención central en esta materia, sin tener en cuenta las circunstancias y particularidades de cada autonomía a la hora de fijar criterios de distribución de los fondos».

«Máxime cuando son las comunidades autónomas las que tienen las competencias exclusivas en las políticas activas de empleo», ha insistido.

Asimismo, el conselleiro ha remarcado que es preciso dotar de mayor flexibilidad la determinación de los destinatarios diana de las políticas, puesto que cada territorio tiene sus singularidades.

También ha trasladado que los criterios de distribución que tienen los indicadores de formación para el empleo en la actualidad «no son acordes» con la actual distribución competencial del reparto de los fondos para las políticas de formación, la mayor parte de ellos dependientes del Ministerio de Educación.

Por último, José González ha solicitado que los criterios e indicadores de fondos SEPE para el próximo ejercicio 2025 se adopten en consideración con los requerimientos de las diferentes direcciones generales con competencias en esta materia y no como se hacía hasta ahora, por medio de grupos técnicos ajenos a las autonomías.