La viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha denunciado que la Xunta ha sacado a licitación por 7,5 millones de euros el contrato para la gestión de los cinco centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual que la administración autonómica prevé que entren en funcionamiento en el último trimestre del año.
«Es tal el afán privatizador que este proceso ya lo iniciaron hace un año y tuvieron que paralizarlo porque ni siquiera estaban construidos estos centros», ha censurado este lunes en rueda de prensa en la Cámara gallega.
Según ha denunciado la diputada nacionalista, se trata de los cinco centros previstos en Lugo, Ourense, Santiago, Ferrol y Vigo, «que están financiados con cargo a fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista y que se conciben como servicios de atención integral para víctimas de violencia sexual».
Ante esto, Rodil cuestiona «dónde está el límite para el PP», argumentando que los populares «privatizaron centros de menores; el 80% de las plazas de residencias de mayores y, ahora, abren la puerta a engordar el negocio de empresas privadas en la atención a víctimas de violación». «¿Hay algo que no es susceptible de hacer negocio? ¿Hay algo que no deba ser utilizado para enriquecer a un puñado de empresas?», ha manifestado.
Tal y como ha explicado Rodil, la licitación recoge que los centros sean atendidos por siete empleados. En concreto, dos trabajadores sociales, tres psicólogos, un jurista y una persona a media jornada en el ámbito de la administración.
«PRECARIEDAD» PARA TRABAJADORES Y USUARIAS
En esta línea, ha censurado que estas «privatizaciones» además de «generar un buen nicho de negocio para empresas, generan precariedad para los trabajadores y usuarios».
«Precariedad laboral con personal claramente insuficiente, pero además precarizar la atención de las personas usuarias porque el propio pliego de licitación del PP dice que se va a hacer una parte de esa atención de manera telemática o de manera telefónica. No sabemos si a través de una pantalla o por teléfono», ha lamentado.
Con estos argumentos, el BNG pide que se paralice este proceso y que se ponga «límite moral al negocio» para tratar de garantizar la gestión pública de estos centros de crisis a través del personal propio de la Consellería.
Asimismo, ha insistido en que la atención a las mujeres «no puede quedar en manos de empresas multiservicios» y ha ejemplificado que Eulen «ya está enviando ofertas de trabajo». «Es curioso», ha afirmado, «porque aún está el proceso de licitación abierto y Eulen ya está ofreciendo contratos de trabajo».
