La portavoz de Interior del grupo socialista, Paloma Castro, ha alertado de la «falta de recursos» por parte de la Xunta para la contratación de socorristas que, ha asegurado, «pone en riesgo un servicio vital» para los ayuntamientos.
En una nota de prensa, el PSdeG ha explicado que la diputada socialista llevará una pregunta oral a la última sesión plenaria antes del verano para reclamarle al Ejecutivo gallego «voluntad política» para colaborar con los municipios y garantizar la contratación de socorristas.
Tal y como ha advertido Paloma Castro, los ayuntamientos «solo pueden aspirar a unas ayudas máximas de 40.000 euros», cuando localidades como O Grove o Vigo, ha ejemplificado, «gastan 200.000 y 400.000 euros respectivamente cada año para contratar socorristas».
Ha señalado también que los consistorios locales ya están «asfixiados» por las competencias que la Xunta «les descarga sin garantizar partidas presupuestarias».
Además, ha reprochado la «tardanza» en la convocatoria de las ayudas que, según ha explicado, se convocó con la temporada de verano ya iniciada, lo que ha obligado a las entidades locales a «asumir ellas el pago de este servicio sin saber qué cuantías percibirían».
GESTIÓN POLÍTICA SOCIAL
Por otro lado, la secretaria de Política Social de la Ejecutiva del PSdeG, Margarita Martín, ha exigido al presidente de la Xunta una «reacción política urgente» tras el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que, en su opinión, supone una «enmienda a la totalidad» de la gestión de la Xunta en Política Social.
Según han explicado los socialistas en una nota de prensa, este informe sitúa a Galicia «a la cola» en el desarrollo de Servicios Sociales, «solo por encima de Murcia y Cantabria y empatada con Madrid.
Para la responsable de la Ejecutiva del PSdeG, la ciudadanía de Galicia «no merece» ser tratada como «ciudadanos de segunda». En esta línea, ha aseverado que esta es la consecuencia de «15 años de desmantelamiento del Estado de Bienestar por los gobiernos del PP» y su «desatención sistemática a las personas más vulnerables».
En este contexto, Margarita Martín ha pedido a Alfonso Rueda que tome medidas ante la «incompetencia manifiesta» de la responsable de Política Social y «sitúe de una vez las políticas sociales y las personas en el centro de la acción de gobierno».
Por todo ello, ha exigido al Ejecutivo autonómico que «deje de confrontar con el Estado» y «construyan» un Plan de choque para construir «un nuevo sistema de cuidados» que pasa por «dejar de privatizar la atención a las personas que más lo necesitan».
