El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado con sus votos la proposición de ley con la que el BNG pretendía crear una empresa gallega pública de energía renovable para la gestión de todo el sistema eléctrico y contribuir a «democratizar» los recursos y sus beneficios.

El encargado de defender la iniciativa ha sido el responsable de Energía del BNG, Xosé Manuel Golpe, quien ha considerado necesario «evitar que otros ordeñen la vaca» que los gallegos alimentan y «poner a Galicia a la vanguardia de la transformación energética».

El parlamentario del Bloque ha iniciado su intervención en el pleno de la Cámara gallega recordando la escena que dibujó Catelao para denunciar que los gallegos ponen el viento, sacrifican su tierra y su modo de vida a cambio de nada, un modelo que, conforme ha indicado, «llega hasta hoy, como sucede con las concesiones hidráulicas o con la energía eólica, víctima de una parálisis sectorial provocada por las ansias y las prisas que la Xunta tiene en poner al país a disposición de los grandes grupos energéticos».

En este contexto, ha señalado que el proyecto de ley del BNG propone una empresa pública de energía para participar activamente en el desarrollo de proyectos renovables, dando prioridad a la sostenibilidad ambiental, cultural y paisajística. Además, ha explicado que participaría también en iniciativas de distribución para crear una red publica gallega y comercializaría energía renovable «incrementando la protección de colectivos vulnerables».

Otro de sus cometidos, ha indicado, sería avanzar en la innovación y en el valor añadido impulsado proyectos de almacenamiento energético y sistemas de recarga para los vehículos eléctricos. «La electricidad del parque móvil o la penetración del hidrógeno como vector energético son realidades ya presentes en las que la Administración gallega tiene que ejercer su potestad para ordenar y planificar», ha apuntado.

RESCATE DE ELEMENTO ESTRATÉGICOS

En su intervención, además, ha incidido en el rescate para lo público de elementos estratégicos en el ámbito de la energía y, en este punto, ha defendido la recuperación de las concesiones hidráulicas que lleguen al fina de la explotación concesional.

A día de hoy, conforme ha apuntado, existen aún casi 70 concesiones de este tipo en Galicia que, «o bien siguen en explotación y están llegando al final de la misma o están en una especie de limbo que no es positivo para nadie».

El parlamentario ha defendido la «democratización» de la energía como uno de los grandes retos a afrontar y, en este sentido, ha aludido al autoconsumo y las comunidades energéticas como otra de las grandes áreas de trabajo para la empresa pública que propone el BNG, abierta a la participación de las administraciones locales y de las comunidades de montes vecinales.

APOYO DE DO Y PSDEG

La toma en consideración de la iniciativa ha contado con el apoyo del parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que considerado que la energía es un bien público que debe estar en general gestionado por las administraciones; así como del PSdeG, cuya diputada ha defendido apoyar el debate de esta ley por considerar necesaria una empresa 100% pública pero ha discrepado del contenido de la misma.

Con todo, no ha salido adelante al contar con el rechazo del Grupo Popular, cuyo portavoz de Industria, Rubén Lorenzo, ha afirmado que la propuesta del Bloque es una «chapuza porque en su mayor parte es una norma en blanco, vacía de contenido y con simples remisiones a la normativa de aplicación».

«En el BNG son especialistas en discursos simplistas, haciendo ver a la ciudadanía que todo se arregla con soberanismo independentista y el autogobierno, yendo a contracorriente en el mundo que cada vez más debe ser pensando de una forma global», ha sostenido.

Entre otras cuestiones, ha preguntado a los nacionalistas «cómo pretenden optar a participar o desarrollar proyectos energéticos proponiendo que el capital social de la empresa pública sea de 50.000 euros».

En este sentido, ha recordado que la participación de la Xunta en la sociedad mercantil Recursos de Galicia, que tiene 15 millones de euros de capital social, es del 30% actualmente, y tiene una capacidad de financiar proyecto mediante palancas financieras con una importe inversión.