La ley de recursos naturales elaborada por el Gobierno gallego ha superado el primer trámite parlamentario e inicia su tramitación en la Cámara después de superar, gracias a la mayoría absoluta del PP, las enmiendas de devolución solicitadas por BNG y PSdeG al entender los primeros que el texto otorga un poder «feudal» a la Xunta para dedicir sobre los proyectos y los segundos considerarlo un ejercicio de «greenwashing» que, en la práctica, supone una «oportunidad perdida».

El debate en torno a la denomidada ‘Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia’ ha abierto la sesión ordinaria del pleno del Parlamento de Galicia este martes, con la conselleira de Economía e Infraestruturas, María Jesús Lorenzana, subida al estrado para defender una normativa que procede de la anterior legislatura.

Así, la primera norma del Ejecutivo gallego que preside Alfonso Rueda en esta legislatura busca, en palabras de la responsable del área económica, «ordenar» el aprovechamiento de los recursos naturales para «proteger» el medio ambiente y, al mismo tiempo, «favorecer» la implantanción de iniciativas empresariales desde una perspectiva «beneficiosa» para la sociedad gallega.

Lorenzana ha sentenciado que Galicia está ante «un momento crucial» en su «devenir» en el que puede «cerrarse los ojos y bloquear el futuro» o «avanzar hacia una Galicia verde» y «autónoma», por lo que el objetivo de la Xunta con esta ley es apostar por el «progreso» para que «los gallegos del siglo XXII estén orgulloso» de lo que se empezó «a construir aquí».

«Tenemos el derecho y, sobre todo, el deber de cuidar de Galicia y de sus recursos; y de hacerlo aprovechando esto para los gallegos», ha sentenciado la conselleira, que ha asegurado que la meta es convertir a Galicia en un territorio «a la cabeza» de la descarbonización de su economía y del «abaratamiento de la energía».

Los grupos de la oposición –BNG, a través de su diputada Noa Presas; y el PSdeG, con Patricia Iglesias a la palabra– han coincidido en calificar el «discurso» que envuelve este proyecto legislativo en «palabrería bonita» y «una sucesión de eufemismos» que se encuentra «revueltos» en un texto que, tanto nacionalistas como socialistas, ven un «despropósito» a nivel normativo.

Así, Presas ha justificado la petición de devolución de su grupo por entender que se trata de una ley «camaleónica» que «aparenta lo que no es» y que pueden acarrear «más caos, desprotección y daños irreparables al país» al estar auspiciada por la influencia, según el Bloque, del «lobby eléctrico» en su elaboración.

«Esto es un debate entre los que quieren un futuro para Galicia y hay que elegir entre estar en el lado de Galicia o en el del lobby eléctrico. Nosotros tenemos claro cuál es el lado bueno de la historia», ha sentenciado Presas, que ha advertido que el texto «aumenta la discrecionalidad» del Consello de la Xunta para autorizar proyectos que tengan impacto sobre el medio ambiente y el territorio gallego, lo que la ha llevado a recordad que, el lunes, se reactivó el proyecto de la mina de Touro por parte del Gobierno gallego.

Todo, «ignorando» el dictamen del Consello Económico e Social, según Noa Presas, que ha recordado que el «demoledor» informe del «mayor organismo» de asesoramiento para el Ejecutivo autonómico puso pegas al texto al considerar que podría ser «peligrosa» para la Comunidad gallega.

«Eso es lo que quieren: más poder para seguir decidiendo a dedo. Como si esto fuese el medievo y ustedes señores feudales», ha aseverado la diputada frentista, que ha puesto el foco sobre la contradicción que aprecia en un PP «tan defensor del libre mercado» y que «después lo que quiere es meter mano» desde el poder legislativo y ejecutivo.

Para Patricia Iglesias, el proyecto de ley «tiñe de color verde» la gestión de los recursos naturales de la Xunta pero, en realidad, demuestra que Galicia tiene «un gobierno que está muy verde» a la hora de «ordenar y planificar» las zonas donde se pueden implantar proyectos.

En este sentido, y tras reiterar que se trata de una «oportunidad perdida» para avanzar hacia una «planificación sensata y ordenada» de los recursos naturales para acompasarlo al desarrollo industrial «respetuoso» con el medio y el territorio, Iglesias ha dicho que la ley «tiene una cosa buena y otra mala».

«La buena es el título porque, evidentemente, necesitamos regular los recursos naturales de Galicia y apostar por las renovables. Lo malo, es todo lo demás», ha espetado para, a renglón seguido, calificar de «despropósito normativo» un texto que ve «una sucesión de eufemismos imperdonables».

Así, Iglesias ha defendido que los socialistas abogan por un desarrollo industrial «de progreso, sostenible y que permita cambiar el modelo de transición energética», objetivos que, dice, «no se construyen a base de tuits» que plantean dicotomías de «sí o no, de blanco o negro» sobre el impulso de iniciativas vinculadas a las renovables.

PP: «EL NO A TODO»

Por parte del PP, su portavoz parlamentario, Alberto Pazos Couñago, ha afeado a los grupos de la oposición de vivir instalados en el «no irracional a todo» a través de «mentiras» y «manipulación» asentada en «la ingorancia» o la «mala fe» sobre un texto que «no reduce ni una sola exigencia para la implantación de industria en este país».

Las críticas se han dirigido especialmente al BNG, que Pazos ha rebautizado como el «be-no-gá, el Bloque Negacionista Galego», al que ha pedido, en un mensaje también dirigido al PSOE, que abandone el «partidismo y el cortoplacismo».