Xunta y Gobierno central han logrado, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación entre Administración general y comunidad, cerrar un acuerdo y solventar las diferencias que tenían en torno a la ley gallega de calidad alimentaria.

En concreto, el foco de la discrepancia estaba en el segundo punto del artículo 29 de la normativa, que se centra en las denominaciones geográficas de calidad, tanto en lo que respecta a los productos agrarios y alimenticios, productos vitivinícolas, y de bebidas espirituosas.

En su segundo punto, hacía constar que la norma se aplica a aquellas denominaciones geográficas de calidad señaladas en el apartado anterior que no superen el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. «Sin embargo, el régimen inspector y sancionador que se recoge en el título VII de la presente ley será aplicable a las infracciones que se detecten en Galicia en relación con las denominaciones geográficas de otro ámbito territorial», recalca.

Tras activar las negociaciones en abril para tratar de limar las discrepancias competenciales sobre esta normativa, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes un acuerdo sellado entre ambas administraciones.

Así, coinciden en considerar que el punto 2 del artículo 29 se interpretará y aplicará, en el ejercicio de las potestades normativas y administrativas de la Xunta, en el sentido de que el régimen sancionador contenido en el título VII de la ley 1/2024, del 11 de enero, no se aplicará a las infracciones y sanciones de competencia estatal que se refieran a denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Tras el acuerdo alcanzado, Xunta y Gobierno coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada.

Asimismo, se acuerda comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional, además de insertarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Galicia (DOG).