El BNG demandará la devolución al Gobierno gallego de la ley de recursos naturales, en la que ve «una trampa» al plantear «una especie de extorsión» con «cuestiones de dudosa legalidad» como la posibilidad de que los «beneficios sociales y económicos» de un proyecto pueda «corregir» un informe de evaluación de impacto ambiental negativo.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento de Galicia, el portavoz de Medio Ambiente del Bloque, Luís Bará, ha avanzado que el principal grupo de la oposición defenderá en el pleno ordinario de la próxima semana que el texto regrese al Ejecutivo gallego.

Para la formación frentista, se trata de una «ley trampa» que tiene «un envoltorio» para, como haría una «planta carnívora», resultar «atractiva» en su «apariencia exterior» a través de la promesa de que permitirá la distribución de los beneficios de los proyectos a la sociedad gallega, pero que «plantea una extorsión» porque parte de un enfoque favorable a las empresas.

Según Bará, este «chantaje» de la Xunta se basa en la «construcción» de un «discuso técnico y jurídico» para que exista una «recepción favorable» a estos proyectos apoyándose en una «ley Frankestein» que busca «favorecer» a los grupos de presión empresariales «en contra del interés general» y la protección «del territorio».

Así, ha advertido que esta nueva ley acarreará «más conflictividad social e inseguridad jurídica» porque afectará a «muchos proyectos» que tienen contestación entre la ciudadanía o se encuentran paralizados por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En este sentido, Bará ha censurado que la norma incluya «ventajas y prerrogativas» para la actividad minera, permita implantar proyectos de explotación de energía eólica «fuera de las áreas de desarrollo» de este tipo de iniciativas y abra la puerta a la creación de proyectos de eólica marina.

Sobre esto último, ha calificado de «escandoloso» y «ridículo» que la norma de la Xunta prevea un ingreso de «entre 30.000 y 56.000 euros» por el canon de explotación de la línea de evacuación de los parques de eólica marina cuando se trata de proyectos que recaban «beneficios multimillonarios».

«NINGUNEO» AL CES

Además, Bará cree que «lo más grave» es «el auténtico ninguneo» de la Xunta al Consello Económico Social al no haber incluido «ninguna» de las recomendaciones de su dictamen sobre la ley. «La Cámara Minera de Galicia, la patronal eólica o Greenalia tuvieron más suerte», ha apostillado.

Por esto, ha reclamado «más pluralismo» y que «escuche no sólo a una parte interesada» al ejecutivo que preside Alfonso Rueda para la elaboración de esta ley que el Bloque pedirá que sea retirada y vuelva a manos del Gobierno gallego.