La Xunta de Galicia destinará en 2020 un total de 350.000 euros a dos líneas de ayudas para incrementar la competitividad del sector del taxi, una para la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida y otra para la compra de coches de bajas emisiones.

Así lo ha destacado este martes en la Comisión Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, quien ha puesto en valor el trabajo hecho por la Xunta para favorecer una «competitividad justa» entre el sector del taxi y el de las VTC.

En respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario popular Martín Fernández Prado, el director xeral ha destacado que estos apoyos se sumarán a las 140 subvenciones concedidas por el Ejecutivo autonómico desde 2016 para la compra de vehículos adaptados a la movilidad reducida.

En su intervención, Maestro ha mostrado el compromiso de la Xunta de hacer todo lo que permiten las competencias autonómicas para contribuir a una convivencia «leal y equilibrada» entre el sector del taxi y las nuevas plataformas que operan en el mismo mercado. En este punto, ha recordado que la regulación de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) es una competencia estatal, responsabilidad del Ministerio de Fomento.

En este sentido, ha puesto en valor que, en apenas un año, la Xunta promovió tres iniciativas normativas para mejorar la convivencia entre ambos tipos de negocio. Así, ha incidido en que las actuaciones promovidas, de forma dialogada con el sector, permitieron un desarrollo normativo que garantiza un mejor servicio para los usuarios y permite luchar contra la competencia desleal a través de la identificación de los vehículos VTC e impulsa las condiciones de prestación del taxi.

ORDENACIÓN DEL SECTOR

Así, el director ha concretado que, en este periodo, se redactaron e implementaron dos normativas encaminadas a ordenar el sector. En concreto, ha citado el Reglamento de transporte de personas en vehículos de turismo de Galicia, y la Orden por la que se desarrolla la obligación de portar los distintivos identificativos a las VTC domiciliadas en Galicia, y que en la actualidad portan 336 vehículos.

A estas medidas, según ha apuntado, se suma la incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos, que contempla una modificación de la Ley del Taxi de 2013 para dar mayores facilidades y alternativas, tanto al sector del taxi como a los usuarios.

Esta acción, conforme ha señalado, responde a la petición de las federaciones mayoritarias del sector y cuenta con el doble objetivo de permitir la precontratación del servicio del taxi y concretar el importe del viaje, entendiendo las tarifas como máximas. Al tiempo, ha añadido que aprovecha la ocasión para aclarar artículos relativos a trabajadores relacionados (familiares), taxis adaptados y servicios de transporte regular realizados con taxis.

VIVIENDA PROTEGIDA

En la sesión parlamentaria, además, el director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, ha vinculado la caída de la construcción de vivienda protegida en Galicia a la caída de la construcción de vivienda libre.

«Lógicamente, el freno de la construcción de vivienda protegida es paralelo al de la vivienda libre, por las trabas al acceso a la financiación tanto para los promotores como para los posibles adquirientes», ha manifestado en respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez.

Además, el responsable del IGVS ha asegurado que la vivienda protegida se construye en localidades en las que la diferencia de precio entre ambos tipos de viviendas «es sustancial o superior». «Estamos en una situación similar a otras comunidades en las que la caída del precio de la vivienda libre supuso equiparar los precios a la protegida», ha señalado.

El diputado de Común da Esquerda ha censurado que, en un contexto en el que hay más de 14.000 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida, la Xunta «no de una respuesta» y deje que Galicia se sitúe «a la cola del Estado en estas políticas.

«Llevan diez años y se supone que tienen que tener una planificación», ha asegurado Antón Sánchez, que ha acusado a la Xunta de «falta de previsión, planificación y voluntad de hacer una política pública de vivienda».