El pleno del Congreso del 11 de junio abordará la transferencia del Estado a Galicia de la autopista AP-9. Para ello, este miércoles, 29 de mayo, el Parlamento gallego eligirá a los diputados encargados de defender esta proposición de ley en Madrid.

En diciembre de 2023, por cuarta ocasión en los últimos siete años, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad –esta vez promovido por el PP– un texto legislativo para su remisión al Congreso con el objetivo de conseguir este traspaso. Desde 2016, los diferentes acuerdos en la Cámara gallega no han fructificado por el fracaso de las leyes en su tramitación en las Cortes generales.

En el inicio del pleno del Parlamento gallego este martes, el presidente de la Cámara autonómica, el popular Miguel Santalices, se ha quejado de que este debate en el Congreso aún se comunicó el pasado lunes, por lo que ha lanzado el «ruego» de que «hay que tener más en cuenta a los parlamentos autonómicos». Y es que avisa de que, si no existiese esta sesión plenaria semanal en Galicia, la proposición de ley «volaría».

De tal forma, al término del debate de las proposiciones no de ley del miércoles, los diputados gallegos votarán en urna para elegir a la delegación representante en Madrid de esta petición.

ANULACIÓN DE PRÓRROGA

La demanda para que la gestión de la autopista que vertebra la fachada atlántica gallega vuelve a salir del Pazo do Hórreo rumbo a Madrid, adonde llegará de nuevo con una serie de demandas en materia económica al Estado como principales novedades.

Entre estas figura una mención a que será la Administración del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas que deriven de una hipotética anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2028, asunto que está en estudio por la justicia europea por una posible infracción de la normativa comunitaria en materia de competencia.

Esta cuestión fue incorporada durante el proceso de tramitación en la Cámara gallega a través de una enmienda del BNG que fue aceptada para su inclusión en el dictamen final por el PP. Esta ha sido la única aportación al texto original presentado por los populares, que añadieron una serie de obligaciones a hacer frente por parte del Estado en asuntos como la extensión de las bonificaciones de los peajes o la ejecución de obras de remodelación o ampliación de la infraestructura.