El BNG ha elaborado un texto legislativo que llevarán a la Cámara autonómica que propone un nuevo modelo de contratación pública para que las administraciones estén obligadas a aplicar claúsulas que garanticen, por un lado, que se dé prioridad a empresas gallegas y, por otro, el cumplimiento de una serie de requisitos a nivel social, ambiental, económico o de igualdad entre mujeres y hombres.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha desgranado las principales líneas de esta propuesta normativa elaborada en el marco del «gobierno alternativo» que ha creado la formación frenstita para esta legislatura y que ha celebrado una nueva reunión este miércoles.

Al término, Pontón ha comparecido ante los periodistas para explicar que el volumen de recursos económicos que mueven los contratos públicos de las administraciones hace necesario, para el Bloque, que se blinde por ley que se sigan unos determinados criterios en aras de que «redunden» en la sociedad y se priorice a pymes, empresas de economía social y empresas gallegas en detrimento de «grandes constructoras y prestadoras de servicios con sede en Madrid».

Así, ha apuntado que la compra pública de la Xunta «acapara el 55%» de su presupuesto de 2024, lo que en cifras supone 8.182 millones euros; por lo que ve preciso que estos recursos se emplen «de forma responsable», «beneficie» al tejido productivo de la comunidad y «tenga una repercusión» en la sociedad gallega.

El texto elaborado por el BNG, que quiere «someterlo a exposición pública» con encuentros con agentes sociales, propone que se establezcan cláusulas que incorporen la perspectiva de género en la contratación y, de este modo, se favorezca a las empresas que cuenten con mayor número mujeres empleadas o dispongan de planes de conciliación o protocolos contra el acoso.

También plantean condiciones ambientales y de sostenibilidad para que, por ejemplo, se adquieran productos de proximidad para la prestación de servicios como comedor, al tiempo que se obliga a las adjudicatarias al cumplimiento de la normativa laboral en cuestiones como el acceso a personas con dispacidad a puestos de trabajo.

Además, el BNG también considera importante que se favorezca a las empresas que usan el idioma gallego porque suponen una «garantía» de respeto a los derechos lingüísticos.

Todo ello en un sistema, como ha explicado Ana Pontón, enfocado «al tejido productivo gallego» para «acabar con el monopolio» de constructoras y grandes compañías «con sede en Madrid» dedicadas a la prestación de servicios y que «acaparan» los contratos públicos.