La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha defendido la «gestión impecable» de la Xunta del Bono Alquiler Joven después del informe del Defensor del Pueblo que incluyó a Galicia entre las comunidades que habían tramitado este programa de apoyo financiado con fondos europeos de forma «insuficiente».

En respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por la diputada socialista Silvia Longueira en la sesión plenaria de este miércoles en el Parlamento de Galicia, la responsable de Vivenda de la Xunta ha asegurado que el documento del Defensor del Pueblo es «parcial» e «interesado» porque, dice, no contó con información completa por parte del Gobierno gallego.

Tras las críticas de la parlamentaria socialista, que acusó a la Xunta de gestionar con «mala praxis» estas ayudas enfocadas a colectivos sociales jóvenes con mayores dificultades para asumir el coste de la vivienda, Martínez Allegue ha aseverado que la Xunta «ejecutó la totalidad de los fondos y concedió todas las ayudas» hasta agotar el crédito disponible «sin que se produjesen retrasos».

De hecho, ha continuado, la «gran» gestión del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) permitió alcanzar «los 5.000 beneficiarios» cuando el crédito asignado a Galicia –23 millones de euros– permitía llegar «a 4.000».

Según la conselleira, la Xunta empezó a tramitar las peticiones en el mes de diciembre de 2022, dos meses después de cerrarse el plazo de solicitudes en octubre, y en enero de 2023 comenzó a resolver los expendientes y abonar las ayudas de 250 euros al mes por beneficiario.

Una vez iniciado el período de pago de las ayudas se produjeron «renuncias» y problemas de «justificación» en las condiciones de acceso, por lo que el crédito procedente de estas peticiones inicalmente concedidas se reactiva para llegar a nuevos beneficiarios, lo que permitió llegar a 1.159 nuevas personas.

Este número, siempre según la versión ofrecida en sede parlamentaria por la conselleira, fue el empleado por el Defensor del Pueblo en su informe «y no el total de 5.000» ayudas que concedió la Xunta a través de un programa que, para Martínez Allegue, incurría en «errores» en sus bases que «nunca» fueron solventados por el ministerio.

16 MESES SIN RESPUESTA

Durante su turno de palabra, la diputada socialista ha afeado a la conselleira que ponga en duda la veracidad de la actuación del Defensor del Pueblo y la tache de parcial, lo que la ha llevado a preguntarse si «lo próximo» será también cuestionar la actuación del Consello de Contas.

Después de censurar las «quejas» de la Xunta por «tener que gobernar», Silvia Longueira ha puesto el foco en las denuncias hechas por personas que pidieron la ayuda y que tardaron 16 meses en recibir una respuesta de la Administración gallega sobre el estado de su petición.

Para la parlamentaria, la administración «no puede tener a la espera de respuesta» durante un año y medio a las personas que solicitan ayudas, especialmente aquellas que están enfocadas a personas de bajos recursos, como es el caso de los potenciales beneficiarios del Bono Alquiler Joven.

Por último, ha lamentado que en «toda la publicidad» institucional de la Xunta sobre estas ayudas «no sale en ningún momento» el Gobierno de España cuando se trata de fondos europeos canalizados a través del Estado para ponerlos en manos de las comunidades. «Ustedes hacen su ‘procés’ particular cuando les interesa», ha aseverado Longueira.