El Gobierno se reunirá este miércoles 24 de abril en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas para tratar cuestiones relacionadas con menores migrantes no acompañados. El encuentro tiene lugar después de que este lunes el Ejecutivo haya apostado por una proposición de ley para repartir 2.500 de estos menores.
Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, la reunión estará presidida por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y en ella se abordará con los representantes de las autonomías la respuesta ante contingencias migratorias para menores migrantes en 2024.
En esta reunión, según fuentes autonómicas consultadas por Europa Press, las comunidades esperan conocer el detalle de la propuesta del Ejecutivo de la reforma de la Ley de Extranjería en lo que respecta a los menores no acompañados.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a Europa Press que no está previsto que en este encuentro se discuta la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
En concreto, el Gobierno ha apostado por una proposición de ley para repartir de unos 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, mientras que la CCAA ha pedido que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo más ágil.
Así se ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa tras una reunión en la que participaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, de forma telemática.
«Hemos trasladado al Gobierno de Canarias es que sea una propuesta legislativa. Aquí tenemos una pequeña divergencia porque ellos entienden que debe ser un decreto ley para su aplicación inmediata desde el Gobierno de España por seguridad jurídica», ha dicho Torres.
El ministro ha opinado que la proposición de ley «es el mecanismo mejor». «En cualquier caso, estamos abiertos a que sea la más factible porque la propuesta que hacemos de proposición de ley, es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado. Se podría aprobar en tres meses», ha expuesto.
LA RESPUESTA DE CC.AA
Por su parte, la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha destacado en declaraciones a Europa Press que «la emergencia existe y cabe una respuesta contundente por parte del ministerio». A su juicio, este tiene que ir «más allá» de pensar que las CCAA puedan atender esta situación por sí mismas con los medios actuales. «Es un problema europeo que debe plantearse como tal, no un problema solo de España y en cualquier caso responsabilidad del gobierno estatal», ha añadido.
Además, ha agregado que otra opción sería analizar qué tipo de financiación se puede realizar en los países de origen para que los menores de edad no se vean obligados a separarse de sus familias.
Por su parte, fuentes del Gobierno de la Rioja han señalado a Europa Press que no tienen constancia del acuerdo entre el Ejecutivo central y el canario sobre una cuestión que afecta a todas las regiones. En este sentido, señalan que falta «información y lealtad» para abordar estas cuestiones en el foro adecuado y advierten de que rechazan la obligatoriedad y defienden el diálogo y el acuerdo, «máxime cuando el supuesto acuerdo se basa en unos parámetros inocoherentes e inasumibles para muchas comunidades, como La Rioja». En cualquier caso, señalan que en la reunión de este miércoles están convocados para abordar el reparto de 400 migrantes y no de 2.500.
Fuentes del Gobierno cántabro han señalado a Europa Press que en el orden del día de la reunión convocada para este miércoles no aparece información sobre los planes del Gobierno para el reparto de 2.500 menores y que no cuentan con noticias «formales» sobre ello. En cualquier caso, aseguran que Cantabria será «siempre» solidaria, pero que para ejercer esa solidaridad necesitan que se facilite información y se adopten medidas coordinadas.
«Cantabria asumirá todos los menores posibles, pero siempre teniendo en cuenta su capacidad y recursos», añaden para apunta que tiene que ser una decisión «coordinada», con «transparencia, diálogo y colaboración»
Mientras, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, afirmó este lunes que el Ejecutivo foral apoya el reparto de los menores no acompañados para su adecuada atención por las distintas comunidades autónomas, «siguiendo criterios de solidaridad y proporcionalidad». Lo que no puede haber, según añaden, son decisiones «unilaterales».
