La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a ofrecer al Gobierno del PP un «gran acuerdo de país en materia de vivienda» al considerar que se trata de uno de los grandes problemas que sufren «miles y miles de gallegos y gallegas, especialmente la gente joven», y ha pedido a la Xunta que deje de «boicotear» la declaración de zonas tensionadas.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, Pontón ha sostenido que para muchos gallegos es «misión imposible» acceder a una vivienda porque los precios no son acordes a los salarios. Por ello, ha señalado que facilitar el acceso es una de las prioridades del «gobierno alternativo» del BNG.

Pontón ha abordado el problema de la vivienda con responsables municipales del BNG en este ámbito y ha propuesto al Ejecutivo de Rueda llegar a un «gran acuerdo de país» ante una «subida descontrolada» de los precios del alquiler que, según ha advertido, «el Gobierno del PP propició y amparó al dinamitar la política social» en vivienda y que se sitúa en un incremento medio en Galicia del «44%» en los últimos diez años, hasta un 63% en ciudades como A Coruña.

«No conozco a nadie que en este tiempo tuviese un incremento de su salario ni del 44% ni del 66%», ha reflexionado para, a continuación, criticar al Ejecutivo de Rueda por su «inacción» frente al problema. Además, le ha reprochado que «ni siquiera sea capaz de gestionar los recursos y las ayudas que en teoría tiene», en alusión a la denegación de la Xunta de ayudas al alquiler que fueron solicitadas en 2022.

Pontón ha asegurado que se trata de «un síntoma de la dejadez, la incapacidad y la incompetencia» del PP a la hora de darle soluciones a los gallegos y a las gallegas y una muestra de su «no política de vivienda».

En una comparecencia en la que ha incidido en las dificultades que este hecho provoca en la gente joven, con «cada vez más dificultades para independizarse», ha avisado de que, según los datos del Observatorio da Xuventude, la tasa de emancipación juvenil retrocede en Galicia, con ocho de cada diez menores de 10 años vivienda en la casa familiar y con una de las tasas más bajas de emancipación entre los 30 y los 34 años.

«No es normal que una persona con 34 años tenga salario y no pueda dejar de vivir en casa de sus padres», ha indicado para explicar que el de la vivienda no es un problema individual, sino un problema social que condiciona «el modelo de sociedad».

Por ello, ha ofrecido de nuevo un acuerdo de país articulado sobre tres ejes fundamentales, a empezar por incrementar el parque público y priorizar la vivienda destinada a alquiler. En este sentido, ha recordado la «distancia sideral» entre la bolsa pública que tiene Galicia, un 3%, frente a la que tienen muchos países europeos, que superan el «20%».

El objetivo del BNG es dar prioridad en el corto plazo a la compra de vivienda vacía, rehabilitándola si es necesario y teniendo en cuenta que «hay medio millón de inmuebles vacíos» en Galicia, de os que 90.000 «están concentrados en las ciudades».

Pontón ha sostenido que se trata de una medida «más rápida» y que tiene un «menor impacto medioambiental», que es «más sostenible» y que puede permitir en el corto plazo incidir de una forma directa en que miles de personas puedan tener acceso a un alquiler a un precio acorde a los salarios. Todo ello, a mayores de la construcción de obra nueva que, según ha indicado, la Xunta debe seguir impulsando para destinar «exclusivamente al alquiler».

En segundo lugar, ha abogado por planificar las viviendas de uso turístico. «Es evidente que están provocando una fuerte distorsión de los precios en muchas ciudades y muchos pueblos» y, en tercer lugar, ha considerado fundamental que «la Xunta asuma sus responsabilidades competenciales en materia de vivienda y que deje de derivar sus responsabilidades a los ayuntamientos».

Pontón se ha referido así a los mecanismos que tiene en su mano el gobierno del PP para intervenir en la subida de precios de los alquileres, como la declaración de zonas tensionadas. «Lo que no puede ser es que quiera derivar sus responsabilidades a los ayuntamientos y, además, esté boicoteando en la práctica que pueda aplicarse una medida que incida en la subida de precios que están asfixiando a miles de familias en nuestro país», ha criticado.

Por último, ha defendido la urgencia de dar cobertura a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad con medidas específicas por parte de la Xunta debido y ha avisado de la «brecha social» que provoca el aumento de los precios.

De este modo, ha desgranado las propuestas que su formación llevará al Parlamento a través de distintas iniciativas y que incluye en la oferta para alcanzar ese gran acuerdo de país en materai de vivienda. «Estamos hablando de las oportunidades que les damos a las generaciones siguientes y también de la sostenibilidad urbana y territorial del país», ha apuntado.

INICIATIVAS DE LOS SOCIALISTAS

En materia de vivienda también se ha pronunciado este lunes el portavoz parlamentario del BNG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha reclamado un mayor impulso y más ejecución de los programas de vivienda pública por parte del Gobierno gallego. Además, ha reiterado su propuesta de acuerdo de país por la vivienda para situarla como uno de los ejes de las políticas públicas de la legislatura.

El secretario xeral electo del PSdeG ha pedido a la Xunta que abra «un diálogo sensato y serio» con los ayuntamientos gallegos para habilitar suelo urbanizable y que aporte fondos propios para complementar las ayudas al alquiler del Estado.

Asimismo, ha emplazado al presidente del Ejecutivo autonómico a «tomar nota y ponerse las pilas» en este asunto después de conocer la semana pasada la «gestión pésima» del Bono alugueiro mozo, «avisando por SMS a miles de jóvenes que quedan fuera después de dos años de espera».

Sobre este asunto, Besteiro ha señalado que los socialistas tienen ya registrada una batería de iniciativas para reclamarle al Gobierno gallego que aporte fondos propios para atender a los jóvenes que quedaron sin ayuda.

Además, ha advertido que los datos de ejecución presupuestaria del año pasado «no permiten ser optimistas» para la gestión futura de la vivienda ante la «mala ejecución» por parte del Gobierno gallego, que «dejó sin ejecutar la mitad del presupuesto disponible en el programa Promoción de Vivienda».