El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha responsabilizado a los ayuntamientos de los salarios de los socorristas, uno de los motivos que, según el colectivo, provoca que cada temporada estival queden plazas de salvamento sin cubrir en playas, piscinas y áreas fluviales.

«Los ayuntamientos no pueden pensar que pueden contratar solo con la subvención de la Xunta, o que pueden convocar las plazas cuando empieza el verano», ha aseverado el número dos de la Administración autonómica en respuesta a una interpelación presentada por la diputada de Común da Esquerda Carmen Santos durante el pleno de este miércoles.

Santos centró su pregunta en alertar sobre la situación de «extrema gravedad» que provoca que cada año ayuntamientos de toda Galicia sean incapaces de cubrir las plazas de socorristas, colectivo que amagó con la convocatoria de una huelga para denunciar las condiciones de «extrema precaridad» de puestos laborales con salarios «muy bajos».

En su respuesta, tras defender las medidas aplicadas desde el año 2012 para aumentar la «capacitación» de los socorristas, Alfonso Rueda ha culpado de las condiciones laborales de los puestos de trabajo a las administraciones locales, pues son quienes tienen «competencias» en la materia.

En este sentido, ha instado a los ayuntamientos a realizar un esfuerzo económico para aumentar los salarios de los socorristas. «No pueden depender de la Xunta», ha incidido el vicepresidente autonómico, que afeó «el discurso» de la diputada de Común da Esquerda por «querer volver a lo de antes, cuando se cubrían todas las plazas porque no se exigía capacitación».

Y es que desde el año 2012 es obligatorio para ejercer como socorrista completar un curso de formación cuyo coste, de 1.300 euros, que ha sido calificado de «abusivo» por parte de Carmen Santos, que también ha lamentado que Rueda traslade la responsabilidad de los salarios a los ayuntamientos cuando éstos deben hacer frente a las «restricciones» que marca la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, más conocida como ‘Ley Montoro’.