El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado por el momento acudir a la vía judicial, como así reclama el BNG, para exigir los fondos que el Estado adeuda a Galicia y que la Xunta cifra en unos 370 millones –ya se ha aprobado la transferencia de los 400 de las entregas a cuenta–.

En la sesión plenaria celebrada este miércoles en la Cámara gallega, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha descartado acudir a esta vía en estos momentos al considerar que es mejor «seguir presionando políticamente» ya que es «mucho más rápido» si el Gobierno accede como hizo con las entregas a cuenta que si se judicializa la cuestión.

Pedro Puy ha respondido de este modo a una iniciativa defendida por la diputada del BNG Noa Presas quien ha instado a la Xunta a dar «un golpe en la mesa» y «una respuesta contundente» al Estado a través de la adopción de medidas desde el ámbito legal para «reclamar todo lo que es de este país».

La iniciativa, que pedía exigir al Gobierno central la derogación de la normativa sobre estabilidad financiera e incluía la negociación de un nuevo sistema de financiación basado en el concierto económico, ha tenido distinta acogida entre los grupos de la oposición.

Así, en primer lugar, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha mostrado sus discrepancias con un texto que ha calificado de «parcialmente extemporáneo» toda vez que, como ha indicado, el Congreso de los Diputados ya aprobó las entregas a cuenta.

Además, ha asegurado que «no se puede pedir por vía judicial que se incumplan las normas» y ha vuelto a rechazar la propuesta de un concierto económico para Galicia por considerar que haría a la Comunidad «seguir siendo dependiente».

Por su parte, la parlamentaria del Grupo Común da Esquerda se ha mostrado partidaria de alcanzar un consenso sobre la financiación en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

PLAN EÓLICO «DEMOCRATIZADO Y RESPETUOSO»

En la sesión plenaria celebrada este miércoles, además, el diputado del Grupo Común da Esquerda Antón Sánchez ha propuesto la elaboración de un nuevo plan sectorial eólico de Galicia que permita tener modelo «más democratizado y respetuoso».

«Galicia ya no es la misma en términos energéticos que en los años 90, necesita tener un plan para un desarrollo mucho menos agresivo para los valores culturales y ambientales», ha considerado Sánchez, que ha asegurado que «no se puede seguir con la carrera de inflar el país a eólicos» con un «modelo que solo beneficia a las eléctricas, a los fondos buitre y a los bancos».

«Lo que pedimos no es nada revolucionario, demandamos el modelo que propugna la directiva europea, que defiende priorizar energías renovables, la libertad de mercado y el libre establecimiento de los productores», ha indicado.

Además, en su intervención, Antón Sánchez ha aprovechado para instar a la Xunta a cumplir el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de paralización de las obras del parque eólico de la Serra do Oribio.

Aunque los restantes grupos de la oposición se han mostrado a favor de varias de las medidas incluidas en la iniciativa y han cargado contra el modelo eólico de la Xunta, finalmente, la proposición no de ley no ha salido adelante al ser rechazada por el grupo mayoritario.

En concreto, la diputada popular Marta Nóvoa ha defendido el sistema de la Xunta y ha destacado que Galicia «es la segunda comunidad española con más potencia renovable instalada, con el 66% de la energía generada y el 86% de la energía consumida de origen renovable».

«Con estos datos superamos con creces los objetivos marcados por la Unión Europea», ha asegurado Nóvoa que ha defendido que la Xunta apuesta «de forma clara por las energías renovables y, en concreto, por la energía eólica, ya que está jugando un papel destacado en la creación de riqueza y empleo».

PENSIONES

En la sesión, también ha sido rechazada por el PP otra proposición no de ley defendida por la parlamentaria del Grupo Común da Esquerda, que pedía, entre otras cuestiones, impulsar una estrategia para aumentar los salarios y, por lo tanto, las bases de cotización con medidas a corto plazo acordadas con empresas y sindicatos; así como acciones para ir transformando el modelo productivo, potenciando las actividades de mayor valor añadido y con mejores salarios.

En su intervención, Quinteiro ha considerado «alarmante» comprobar como «las pensiones gallegas son las segundas más bajas del Estado», una realidad que, según ha indicado, hace que «muchas personas no pueden llegar a tener un mínimo de ingresos suficiente para cubrir las necesidades más básicas».

Además, ha llamado la atención sobre la «brecha de género» que existe en las pensiones y «que va en aumento» y ha mostrado la disposición de su grupo a aceptar una enmienda defendida por la socialista Carmen Rodríguez, quien pedía la puesta en marcha de un plan contra le fraude laboral par evitar que los contratos que deben ser indefinidos se realicen como temporales.

Con todo, aunque la iniciativa contó con el apoyo de los restantes grupos de la oposición, los votos en contra del Partido Popular impidieron que la proposición saliese adelante.

Así, en su turno, el diputado popular Miguel Tellado ha acusado al Grupo Común da Esquerda de pretender robar «un puñado de votos» al PSOE con esta iniciativa y ha defendido que la reforma laboral puesta en marcha por su formación permitió crear 2,7 millones de empleos. «Hoy gracias a las medidas puestas en marcha por el PP, hay 8% más de pensiones que en 2007, y pensiones más altas», ha señalado.

Por último, en la sesión también ha sido rechazada otra proposición no de ley mediante la que los nacionalistas pedían suspender las acciones conducentes a declaración de emergencia cinegética sobre el jabalí.