El Gobierno ha negado este miércoles al BNG que esté obstruyendo una denuncia que la Confederación Intersindical Galega (CIG) presentó ante el Comité Europeo de Derechos Social por incumplir la recomendación de la Carta Social Europea de que el salario mínimo (SMI) suponga el 60% del sueldo medio.
«Este Gobierno es el que ratificó la Carta Social Europea, el que está trabajando para llevar a cabo derechos que precisamente se recogen en la Carta Social, con lo cual, obstruccionismo ninguno», ha respondido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a una pregunta formulada por el diputado del BNG, Néstor Rego, en la sesión de control del Congreso.
En concreto, Rego ha preguntado a Bolaños por qué niega la legitimidad del sindicato para presentar la denuncia y por qué su departamento ha pedido la recusación contra la experta española en el Comité Europeo de Derechos Sociales, Carmen Salcedo.
El diputado nacionalista gallego cree que esta recusación se debe a que Salcedo podría ser más favorable a las reclamaciones sindicales o sociales como la presentada por la CIG en relación con el salario mínimo interprofesional.
Sin embargo, en el turno de respuesta, Bolaños ha negado obstrucionismo por parte del Ejecutivo y ha cuestionado la representación de la CIG para estos cometidos cuando se trata de una organización de ámbito autonómico, no estatal, en cuyos estatutos limitan expresamente su actuación a Galicia.
El ministro no se ha pronunciado sobre la recusación a Salcedo y simplemente ha dicho que «serán los tribunales» quienes decidan.
